Muertes bajo Estado de Sitio

Según la versión de familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República cerca de las 02:00 de la madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe RIVERA GAJARDO, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido. Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.

A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto CARRASCO TAPIA, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.

Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.

Al día siguiente, esto es, el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham MUSKATBLIT EIDELSTEIN, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, doce individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.

Esa misma noche civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Toro de la Vicaría de la Solidaridad.

Estos hechos se los atribuyó un comando autodenominado 11 de Septiembre. El Ministro Secretario General de Gobierno informó a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas.

Esta Comisión, considerando la militancia y el trabajo de las víctimas, el que los secuestradores se identificaran como policías, el que los hechos se desarrollaran en horas de la madrugada, desafiando las rígidas medidas de control militar y policial del momento y la gran disponibilidad de medios de los autores, ha llegado a la convicción de que se trata de ejecuciones por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuere porque en estos hechos actuaban directamente sus agentes o porque había connivencia o tolerancia de éstos, siendo sus muertes violaciones a los derechos humanos.