Víctor Julio Vivanco Vásquez, soltero, 19 años de edad, estudiante de Enseñanza Media, militante del MIR, fue detenido el 8 de octubre de 1973 en su domicilio en Parral, por efectivos Militares que entraron a la vivienda pateando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Al joven estudiante lo golpearon salvajemente con pies, puños y culatas. Cuando lo sacaron sangraba abundantemente y su rostro ya se mostraba desfigurado por el maltrato.
La familia reconoció entre los uniformados aprehensores a Eduardo Basoalto, Andrés Díaz, Joaquín Vera y otro de apellido Carvallo.
Vivanco fue tirado como un bulto al jeep en que se movilizaban los militares y en seguida fue conducido al Cuartel de Investigaciones, donde continuó siendo golpeado hasta quedar prácticamente inconsciente, sin emitir quejido alguno, según recuerdan otros detenidos que lo vieron en este recinto. En este estado fue trasladado luego a la Comisaría de Carabineros, donde su madre concurrió durante dos días a dejarle alimentos que fueron recibidos por los policías. Sin embargo, el 12 de octubre, el carabinero Germaín Morales, sin dar explicación alguna, le informó que su hijo ya no se encontraba allí y que no volviera. Ella se dirigió entonces a Linares, a la Escuela de Artillería del Ejército, recinto al que también acostumbraban a trasladar a los presos políticos, pero tampoco consiguió saber nada del paradero de su hijo.
Días antes del arresto de Víctor Vivanco, el 4 de octubre de 1973, fue detenido otro estudiante de 4° medio del Liceo de Hombres de Parral, Armando Morales Morales, militante socialista, también desaparecido desde entonces. Ambos jóvenes tenían 19 años a la fecha de su desaparición.
Hasta la fecha se ignora la suerte o paradero de Víctor Julio Vivanco Vásquez.

El 5 de abril de 1974 se inició en el Juzgado de Parral la causa rol 33.459, por oficio de la Corte de Apelaciones de Chillán que ordenó instruir sumario por presunto desaparecimiento de Víctor Vivanco.
Según informó Investigaciones, el afectado no registraba detención ni antecedente alguno en ese servicio. Se indica además que ese Cuartel no fue usado para dejar detenidos, porque carecía de medidas de seguridad, por lo que los presos eran trasladados a la Cárcel.
Carabineros indicó por su parte que no podía informar al respecto ya que los Libros y Registros de detenciones habían sido incinerados por orden superior.
También fue negativa la respuesta de la Escuela de Artillería de Linares, que además indica que en esa fecha no había un militar de apellido Carvallo en esa dotación. Nada se dice en relación a los otros uniformados individualizados.
Finalmente, el carabinero Germaín Morales declaró no conocer a la madre ni a la víctima, aunque reconoció que en esa época el contestaba las consultas referidas a los presos en la Comisaría de Parral.
Con estos antecedentes el Juez cerró el sumario el 12 de julio de 1979 y sobreseyó temporalmente la causa, por no encontrarse acreditado el delito. El 25 de ese mismo mes la Corte de Chillán, que había ordenado la investigación, aprueba esta resolución.
Cabe señalar que en Parral actuaron efectivos Militares de la Escuela de Artillería del Ejército ubicada en Linares y que se nombró Gobernador al Capitán de esa Unidad militar Hugo Cardemil. Este Oficial formó una Comisión Especial que operaba en el Cuartel de Investigaciones constituida por militares y policías, que tenía como misión interrogar a los detenidos y resolver su envío a la mencionada Escuela, donde funcionaba la Fiscalía Militar. (Para mayor información ver ficha de Oscar Eladio Saldías Daza).

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro
“Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”
, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.
Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.
El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.
El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.
Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.
Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.
El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.
En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.
Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.
Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.
En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.
Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.
Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.
El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.
En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.
La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.