La Corte de Apelaciones de esta ciudad rechazó nuevamente la solicitud de libertad de cuatro carabineros en retiro, uno en servicio activo y cuatro civiles, implicados en la desaparición de seis agricultores de Quilaco, provincia de Biobío, durante el régimen militar, en los meses de septiembre a noviembre del año 1973.
Los sometidos a proceso son los policías retirados
Víctor Zambrano Rubilar, José Burgos Sandoval
,
Sergio Salazar San Martín
y
Froilán Arriagada Jara
. Además de
Carlos Sepúlveda Rivera
, quien se encuentra en servicio activo, y de los civiles
Juan Carlos Burgos, Eugenio Villa Urrutia, José Gutiérrez Ortiz
y
Exequiel Celedón Barrera
.
La resolución del tribunal de alzada ratifica la adoptada en primera instancia, por la jueza subrogante de Santa Bárbara, Loreto Peña Salazar.

ROL Nº 867 -1: La Sala de verano de la Corte de Apelaciones de Concepción negó libertad provisional por constituir un peligro para la seguridad pública a:
Suboficiales
de Carabineros
: José Burgos Sandoval,
Sergio Salazar San Martín
, Manuel Zambrano Rubilar, Froilán Arriagada Jara y al carabinero en servicio activo Carlos Sepúlveda Rivera.
Civiles:
Exequiel Celedón Barrera, José Gutiérrez Ortíz; Juan Burgos Belauzarán y Froilán Arriagada José

En las últimas fases antes de sentencia de primera instancia, se encuentran dos casos de violaciones a los derechos
humanos ocurridos en la región del Bío Bío y que totalizan 33 víctimas. Los procesos están en manos del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción para casos de derechos humanos, Carlos Aldana.
Se trata de hechos ocurridos en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, de la provincia de Bío Bío, entre el 13 y el 20
de septiembre de 1973 principalmente. En ambos casos actuaron carabineros en colaboración con civiles de la zona.
En Santa Bárbara, fueron 24 víctimas, la mayoría de ellas familiares y obreros agrícolas. En dicha zona, se formó un
curioso grupo denominado "
Fuerza de Colaboración Voluntaria con Carabineros de Chile
", que fue creado
inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre, por el jefe de la
Tenencia de Santa Bárbara
, teniente
Planté Euclides Aravena
y compuesto por los carabineros
Heraldo Pulgar Riquelme, José Godoy Godoy y Héctor Echeverría Beltrán
. También formaron parte de este grupo los civiles
Jorge Domínguez Larenas
, los hermanos
Manuel y Ricardo Barrueto, Sergio Fuentes Valenzuela y Jorge Eduardo Valdivia Dahme
, los que vistiendo uniformes de campaña similares a los del Ejército y portando diversos tipos de armas realizaron distintos operativos en la zona.
De ninguno de los detenidos volvió a saberse y años más tarde, en 1995, el Juzgado de Letras de Santa Bárbara inició
una investigación tras la presentación de una denuncia por inhumación ilegal hecha por la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación.
Pero quien marcó la línea de las indagaciones y logró sustanciales avances fue el juez de Letras de esa comuna,
Waldemar Koch en su calidad de juez con dedicación exclusiva.
Más tarde, cuando la Corte Suprema nombra ministros especiales para causas de derechos humanos -en 2005-el caso
llega a manos del ministro Carlos Aldana, quien en diciembre de 2008 dicta autos acusatorios por el delito de secuestro calificado en contra de los carabineros y los civiles involucrados.
En el caso de Quilaco, las víctimas son ocho obreros agrícolas, que fueron detenidos por una patrulla compuesta por
carabineros y civiles armados, entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre de 1973. De su paradero nunca más se
supo, sólo se tuvo antecedentes que sus cuerpos habrían sido lanzados al río Bío Bío desde el puente Piulo.
El 15 de octubre de 2005, el ministro Aldana acusó por el delito de secuestro calificado a diez personas entre
uniformados y civiles, entre ellos a
Sergio Salazar San Martín
, jefe del
Retén de Quilaco
.
Durante la semana del 12 al 15, se verificó la etapa de rendición de pruebas, en que la defensa de los acusados solicitó la ratificación de los testimonios aportados tanto por parte de ellos como de las víctimas y testigos. El primer día de esta etapa probatoria, víctimas y victimarios permanecieron a escasos metros de distancia en uno de los pasillos de la Corte de Apelaciones de Concepción, mientras esperaban su turno para la verificación de sus testimonios.
Se trata de una diligencia más dentro del proceso que permitirá al ministro dictar medidas para mejor resolver, si así lo considera y en un plazo no precisado dictar las sentencias para estos casos.