Las primeras 6 personas se encontraban detenidas desde septiembre de 1973 y muchas de ellas se presentaron voluntariamente a las “autoridades militares”, las 3 ultimas fueron detenidas el 17 de enero de 1974 y se encuentran desaparecidos hasta hoy.
El día 18 de enero todas fueron ejecutadas por decisión de Fernando Paredes y Sergio Arredondo González. Existen testigos que revelan que los tres últimos detenidos fueron asesinados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Infantería el 18 de enero de 1974 y confirman la participación en su secuestro de una serie de oficiales en retiro, entre ellos Ángel Custodio Torres Rivera quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia; Al comandante de la patrulla, capitán Francisco Pérez Eghert y el teniente coronel (r), Sergio Arredondo González, procesado como uno de los principales inculpados en el caso Caravana de la Muerte.

En el marco de la reapertura de la investigación por la muerte de uno de los inculpados en el crimen de la deportista Alice Meyer, ocurrido en diciembre de 1985, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI está ubicando a ex funcionarios del Departamento OS7 de Carabineros que indagaron el caso y orientaron sus pesquisas al empresario Mario Santander Infante, único reo en la causa.
Recordemos que hace algunos meses el ministro Mario Carroza decidió acoger una querella presentada por la familia de Delfín Díaz Méndez, persona que, de acuerdo a la conclusión arribada por la policía civil de la época, asesinó a Meyer y luego se suicidó, colgándose de un árbol, siendo encontrado más tarde a ras de suelo, portando en su muñeca el reloj de la joven de ascendencia alemana.
Un nuevo peritaje realizado por el tanatólogo Luis Ravanal determinó que existió participación de terceros en la muerte de Díaz, versión que va en la línea de lo señalado en el pasado tanto por el abogado de la familia Meyer, Marcelo Cibié, como por el primer juez instructor de la causa que se ventiló en el 12º Juzgado del Crimen de Santiago, Fernando Soto Arenas, quienes siempre desconfiaron de las diligencias realizadas por la PDI.
Según revelaron fuentes policiales a
Verdad Ahora
, Carroza está empadronando a ex integrantes del equipo de OS7 que tomó participación en el caso, y que podría tener información sobre algunos peritajes realizados en el sitio del suceso donde fue encontrado muerto Delfín Díaz, alias «El Coco», en la comuna de Lo Barnechea.
Se dijo a este medio que uno de los ex uniformados decidió declarar directamente con el ministro en la ciudad de Santiago y no con los detectives que hoy reinvestigan el caso, dada la desconfianza que aún existe hacia la policía civil considerando que algunos de sus miembros fueron acusados de «secuestrar» a Díaz desde el local «El Pollo Chico», a sólo dos semanas del crimen de Meyer.
La querella presentada por el abogado Álvaro González apunta la autoría material del homicidio de «El Coco» a los cuatro detectives que lo sacaron del local ya referido, y como encubridores al ex director de la PDI, general (r) Fernando Paredes Pizarro, y al fallecido abogado de la familia Santander, Sergio Miranda Carrington, defensor de varios miembros de la cúpula de los servicios de inteligencia del régimen militar.