La Cuarta Sala de la Corte Suprema, en votación unánime, condenó al fisco al pago de una indemnización de cincuenta millones de pesos a la familia de Sergio Albornoz Matus, quien murió abatido en medio de una protesta el 30 de agoto de 1988.
En la resolución se consigna que el joven de 14 años pereció a raíz del impacto de una bala del arma que portaba el carabinero Miguel Ángel Ortiz, a quien en 1994, la Corte Marcial le aplicó una pena de 541 días de reclusión como autor de cuasidelito de homicidio.
El dictamen aclaró que el fisco debe hacerse responsable de estos hechos, puesto que quedó acreditada la participación de funcionarios públicos, cuyo deber era dar protección a la ciudadanía, "y en forma temeraria e imprudente se posibilitó que un organismo de la administración de Estado vulnerara tal precepto, con las consecuencias antes descritas".
El 30 de agosto de 1988, en el marco de una manifestación en contra de Augusto Pinochet, personal de la policía uniformada intentó controlar a los activistas en la comuna de La Granja, a raíz de la quema de la sede del desaparecido POH.
Se consigna en el fallo, que Sergio Albornoz había salido a comprar cuando recibió el impacto de bala que le causó la muerte.