El 21 de octubre de 1973 fue muerto por una patrulla militar, en el camino que une Coyhaique con Puerto Aysén, Moisés AYANAO MONTOYA, 19 años, obrero, sin militancia política conocida. Por diversos antecedentes que pudo estudiar esta Comisión tuvo por acreditado que el afectado fue muerto por efectivos militares, sin que mediara provocación alguna de parte suya. La inscripción de su defunción indica como causa de la muerte, «impartida por la autoridad militar, herida a bala». El requirente de la inscripción es un oficial de Ejército y el médico que certificó la muerte fue un profesional perteneciente a la misma institución. El cadáver fue enterrado en Coyhaique, cementerio El Claro, sin darse noticia de ello a los familiares del joven Ayanao.

La Comisión se formó convicción que la muerte del afectado constituye una grave violación de los derechos humanos, por tratarse de una ejecución al margen de la ley, basando tal convicción en los elementos siguientes:

-La certeza de la muerte y de su autoría, por los certificados tenidos a la vista;

-La inexistencia de una explicación sobre los hechos que condujeron a dicha muerte, circunstancia inexcusable dado que los autores de ella fueron agentes premunidos de la autoridad del Estado. Ello sin perjuicio del juicio que la Comisión se formó sobre lo irregular de esta ejecución por la evidente desproporción de fuerza entre el menor Ayanao y una patrulla militar dirigida por un oficial;

-La inhumación irregular del cuerpo de la víctima, que hace presumir precisamente un ánimo de ocultamiento.