Manuel Antonio Aguilera Aguilera, 3 hijos, obrero de ENDESA, fue detenido el 27 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:30 horas, en su domicilio de Villa Los Canelos por Carabineros del Retén de Antuco y Militares del Regimiento de Los Angeles, quienes procedieron a allanar la vivienda sin exhibir orden alguna de arresto o allanamiento. Los agentes informaron a María Inés Tapia Gangas -esposa de la víctima- que lo trasladarían al cuartel policial. A partir de ese momento, ella realizó todo tipo de gestiones tratando de localizar el lugar en el que podrían mantener detenido a Manuel Antonio Aguilera. Sin embargo, hasta hoy no ha sido posible dar con su paradero. Este hecho represivo se cuenta entre los nueve casos de personas de la localidad de Los Canelos cuyos desaparecimientos están vinculados a las actuaciones de Carabineros del Retén de Antuco y de El Abanico, así como a las de los militares del Regimiento de Los Angeles. Los detenidos son Abel Carrasco, Luis Leopoldo Sepúlveda, Plutarco Enrique Coussy, Víctor Jerez Meza, Manuel Antonio Aguilera, Exequiel Verdejo, Manuel Sepúlveda Cerda, José Badilla y Mario Olivares. (Mayores antecedentes en el caso de Mario Samuel Olivares Pérez).
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El 6 de octubre de 1978, en la Corte de Apelaciones de Concepción se presentó un recurso de amparo por el afectado, rolado con el Nº4247. El Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, el 11 de octubre de ese mismo año, informó al Tribunal carecer de antecedentes relativos al amparado, "ni existe constancia de haber sido detenido por efectivos de servicios de seguridad". Por su parte, el Coronel de Carabineros Mario Córdova Dagnino, Prefecto de Concepción, señaló que no se registraba la detención del afectado por Carabineros de Antuco, (octubre 16, 1978). Osvaldo Leyton Grob, Coronel de Carabinero y Prefecto de Bío-Bío, agregó que "interrogado el personal de la Tenencia de Antuco, que se encontraba de servicio en septiembre de 1973, manifestó ignorar antecedentes de la persona indicada". En el mismo sentido informó el General de Brigada Rigoberto Rubio Ramírez, Intendente Región del Bío-Bío. En virtud de estos antecedentes, el 2 de noviembre de 1978, la Corte rechazó el amparo, remitiendo las piezas al Juzgado del Crimen de turno de Los Angeles para que instruyera sumario. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema de Justicia, la que, el 9 de noviembre del mismo año, confirmó el fallo. Se desconoce la tramitación de esta causa en el Juzgado del Crimen.

Aún está pendiente el fallo que dejó en veremos la Corte de Apelaciones de Concepción, contra Klug Rivera —condenado como cómplice de las desapariciones y homicidios de 23 trabajadores de Endesa, en Los Ángeles, y quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Regimiento Chacabuco— pero por el caso de la desaparición del universitario Luis Cornejo Fernández durante la dictadura.
En el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco,? más conocido como Penal Punta Peuco, comenzará a cumplir la condena de diez años y un día de cárcel por violación de Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet, Walter Klug Rivera.
Personal de Gendarmería llegará este lunes al Regimiento Chacabuco, donde el ex agente uniformado de la dictadura militar ha permanecido en prisión preventiva desde su expulsión de Argentina. Y desde el recinto militar ubicado en Concepción será llevado al despacho de la ministra en visita Paola Plaza, jueza del caso Endesa, quien notificará a Klug de la sentencia y ordenará su ingreso a Punta Peuco.
Recordemos que Walter Klug, que hizo su carrera militar en el ejército y luego del golpe se ensañó reprimiendo, persiguiendo, torturando y asesinando a partidarios del derrocado gobierno de Allende en la provincia del Bío Bío, fue detenido en 2019 en Europa, hasta donde se fugó en 2015 previo a la notificación del fallo que lo condenó como cómplice de las desapariciones y homicidios de 23 trabajadores de Endesa, en Los Ángeles.
Klug Rivera fue extraditado, pero no por esa causa, sino como procesado por la desaparición de un alumno de la Universidad de Concepción, investigación en la cual fue finalmente absuelto, recuperando su libertad, lo que le permitió concretar una segunda fuga a Argentina, siendo detenido y regresado nuevamente a Chile hace exactamente un mes.
Al no haber sido extraditado por el caso Endesa, el Poder Judicial no había podido notificarlo hasta ahora de la pena de cárcel definitiva dictada en 2015 por la Corte Suprema.
Hace unos días, el tribunal revisó el caso del universitario Luis Cornejo Fernández por el cual el Programa de Derechos Humanos está pidiendo que la absolución sea revocada y se condene a Klug como cómplice del delito de secuestro calificado, lo que podría aumentar los años de cárcel para quien fuera miembro de la Inteligencia del Ejército durante la dictadura.

Los crímenes contra la humanidad fueron perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Investigación estuvo a cargo del ministro Jorge Zepeda.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la
centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico
; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a
Patricio Martínez Moena
a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a
Walter Klug Rivera
a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a
Ismael Espinoza Silva
a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.
Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino.
Además la condena incluye los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.
De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar “que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA”.
“Los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría – según la sentencia del ministro Zepeda-, residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales”.
Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, “al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban”, consigna el fallo del ministro Zepeda, ratificado por el más alto tribunal del país.
El destino final de estas personas fue “su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy», expresa el fallo.
La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

"Padre querido
tantas cosas quisiera decir
mas las palabras
se atoran en mi garganta
En mi infancia no fui feliz.
Padre mio me hiciste falta
Recibí sufrimiento y dolor-
Querido padre me hiciste falta
Vivía muriendo de dolor
El destino me condeno
A crecer carente de amor
A extrañar el abrazo de un padre
A añorar ese beso que nunca se dio.
A vivir... francamente sin padre
Y por eso en días como hoy
Lamento el haber crecido sin padre".

En memoria a Manuel Antonio Aguilera Aguilera
Desaparecido el 27 de Septiembre de 1973.
Hasta hoy no existen antecedentes de su ubicación.

Miguel Aguilera Tapia.
Rancagua, Chile.