SITUACION REPRESIVALuis Enrique Rivera Cofré, casado, 2 hijos, obrero, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio en Parral el día 5 de octubre de 1973, por una patrulla militar que llegó al lugar alrededor de las 23:30 horas preguntando por él. Presenciaron el arresto su esposa, Lucinda Ordenes Niño, y su suegro Aniceto Ordenes. Rivera fue trasladado a la Comisaría de Carabineros, donde la familia concurrió al día siguiente llevándole ropas y alimentos, pero le fueron devueltos porque dijeron que él no quería recibir nada.
El 9 de octubre, su cuñada fue nuevamente a dejarle cosas y habló con un militar de apellido Homero, quien le señaló que el afectado ya no estaba allí y que había firmado su orden de libertad. Sin embargo, ella se dirigió a Linares, a la Escuela de Artillería del Ejército, donde reconocieron su permanencia en dicho lugar y le recibieron ropa. Dos meses después informaron que en realidad Rivera no estaba detenido allí, que se había tratado de un lamentable error, ya que lo habían confundido con otro preso de apellido Riveros. Desde entonces, nada han sabido de la víctima ni sobre su paradero.
Al momento de ser detenido, su esposa se encontraba embarazada y dos meses después nació su segundo hijo.

El 5 de abril de 1979, el Juzgado de Parral inició la causa rol 33.457, por presunta desgracia de Luis Rivera, por orden de la Corte de Apelaciones de Chillán.
Carabineros señaló que, por encontrarse incinerada la documentación correspondiente al año 1973 por orden superior, no podía responder respecto al posible arresto de la víctima.
La Escuela de Artillería por su parte, informó que en esa Unidad no existían antecedentes del afectado y que en esa fecha no figuraba en sus filas un militar de apellido Homero.
El 12 de julio de 1979, el Juez cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Chillán el día 25 del mismo mes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) someterá a juicio al Estado de Chile por aplicar "media prescripción" a autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura y condenados entre 2007 y 2010.
Este 1 de febrero de 2023, se celebrará audiencia del caso Vega González y otros vs. Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica. Ésta se realiza con la intención de juzgar la responsabilidad internacional del Estado de Chile en la reducción de condenas criminales de la dictadura.
En particular se trata de 14 procesos penales sobre ejecuciones y desapariciones forzadas perpetrados contra 49 víctimas. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia de Chile aplicó la "media prescripción" entre los años 2007 y 2010, lo que le permitió rebajar drásticamente las penas y permitir que la mayoría de los perpetradores quedaran en libertad.
Así, la Corte IDH deberá determinar si el Estado de Chile cumplió con su deber de aplicar justicia con sentencias adecuadas y proporcionales a criminales de lesa humanidad.
«Pedimos y exigimos la pena que corresponde para crímenes que nos continúan afectando hasta el día de hoy, que significaron la pérdida de nuestros seres queridos", expresó Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. "El próximo año serán 50 años desde el golpe de estado militar en Chile. Ya es hora de que los familiares de víctimas tengan justicia plena", agregó Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ambos recogidos en un comunicado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
"Una pena proporcional y justa es esencial para la no repetición de crímenes de lesa humanidad en Chile y la región", resaltó Jimena Reyes Directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos
(FIDH).
Según información proporcionada por la AFEP, los 14 casos en cuestión dejaron las siguientes víctimas:
LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE: Luis Rivera, de 21 años de edad, casado, dos hijos, uno de ellos póstumo. Militante del Partido Socialista. Detenido por militares de la Escuela de Artillería de Linares el día 5 de octubre de 1973 en su domicilio. Lo trasladaron a la Comisaría de Carabineros de Parral con el objeto de que hiciera una declaración. Desde esta fecha no hay antecedentes de su paradero.(EXTRACTO)

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.
El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.
Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.
Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.
El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.
En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.
Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.
Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.
En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.
Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.
Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.
El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.
En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.
La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.