El 21 de noviembre de 1974 se interpuso un recurso de amparo en favor de ambos ante la Corte de Apelaciones de Chillán, al que se acumuló a otro interpuesto el 22 de noviembre del mismo año por ellos y por Rolando Ibarra Ortega y su cuñado Edelmiro Valdez Sepúlveda, ante el mismo Tribunal, rol 94.089.
El Juez de Parral informó a la Corte que los afectados no habían sido puestos a su disposición, sin embargo, tenía conocimiento que serían procesados por la Fiscalía Militar, en relación al delincuente apodado "El Aguila". No obstante esta información, ninguno registraba detención en los penales de Parral, San Carlos y Chillán, según informaron los respectivos Alcaides y tampoco habían sido puestos a disposición de los Juzgados del Crimen de esas ciudades.
También respondió negativamente respecto de su detención el Comisario de Parral, Mayor Díaz.
Con estos antecedentes, se declaró sin lugar el recurso. Esta resolución fue apelada por el abogado patrocinante, quien señala en el escrito que la causa fue agregada y colocada al reverso de la tabla, sin que se indicara con la debida claridad y que además se vio sin que nadie pudiera darse cuenta del hecho.
La tercera Sala de la Corte Suprema, luego de recibir el informe de la Corte de Chillán indicando que la vista del recurso se había comunicado "a los abogados y público que en ese momento se encontraban en los pasillos del tribunal", confirmó la resolución apelada.
El 21 de marzo de 1979 la Corte Suprema ofició a las Cortes de Apelaciones a fin de instruir sumarios por presunto desaparecimiento de personas, a raíz de una presentación de los Obispos a ese máximo Tribunal. Entre estas denuncias se incluyó la de Pereira Meriño y su hijo.
De esta forma, el 5 de abril de 1979 se dio inicio a la causa rol 33.460 en el Juzgado de Parral, pero sólo por la desaparición de Luis Pereira Hernández, no obstante que en los escasos antecedentes que se reunieron queda establecido que padre e hijo desaparecieron juntos y en las mismas circunstancias.
El Comisario de Parral respondió al Tribunal que no podía entregar antecedentes sobre estas detenciones, porque la documentación correspondiente al año 1974 se encontraba incinerada.
Efectivos de Investigaciones lo buscaron en los registros de la Cárcel de Parral, pero no aparecía ingresado.
También se informó que Luis Pereira registraba en la policía civil una orden de aprehensión pendiente por el delito de robo en una causa del Juzgado de Parral, el mismo que investigaba su presunta desgracia. Esta orden era de fecha 13 de febrero de 1975, es decir, tres meses después que fuera detenido y dos meses después que este Juzgado informara a la Corte de Chillán que no existía proceso en su contra. Esta causa, rol 29.548 por robo y hurto, el Juez la tuvo a la vista y resolvió se rearchivara sin señalar si era efectiva o no la orden, ni cuando había ocurrido ese robo.
Con estos antecedentes, se cerró el sumario el 12 de julio de 1979 y se dictó sobreseimiento temporal por no encontrarse acreditado el delito. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Chillán el 24 de ese mismo mes.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.
El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.
En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.
La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.

El magistrado sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de 15 detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial de Carabineros Luis Alberto Hidalgo
Sus primeros procesamientos después del sobreseimiento definitivo de Augusto Pinochet dictó ayer el ministro instructor Juan Guzmán, con lo que el magistrado marcó la línea que seguirá de no declararse incompetente para seguir conociendo de los distintos procesos acumulados en sus manos, a pesar del sobreseimiento definitivo del ex jefe del Ejército.
El juez Guzmán sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de quince detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial de Carabineros Luis Alberto Hidalgo.
El magistrado se encuentra además trabajando en nuevos procesamientos por otros procesos que instruye, los que dictaría en los próximos días. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de: Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad, a 40 kilómetros al este de Parral.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
El magistrado dictó estos nuevos autos de reo inmediatamente tras regresar el lunes pasado de una licencia médica, la que se inició el mismo lunes 1 de julio, fecha en que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema emitió el fallo que sobreseyó definitivamente a Augusto Pinochet de la causa Caravana de la Muerte, debido a una “enajenación mental” ocasionada por una “demencia vascular incurable”.
Originalmente esta investigación se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego la tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Colonia Dignidad del militante del MIR Alvaro Vallejos Villagrán. Tras múltiples vaivenes procesales, la causa llegó a la justicia militar, desde donde fue rescatada por abogados del Codepu y terminó acumulada en las manos del juez Guzmán.
La abogada querellante Julia Urquieta valoró que “finalmente se está haciendo justicia con las víctimas y los familiares de Parral. Varios de los desaparecidos de Parral fueron a parar a Colonia Dignidad”, dijo la abogada.
Si bien estos desaparecimientos ocurrieron en Parral antes de que allí comenzara a operar el cuartel de la DINA en 1975, en las primeras investigaciones fue inculpado el jefe de la Brigada Sur de la DINA, coronel Fernando Gómez Segovia.