La joven concurrió a un cuartel de Carabineros en Macul, para preguntar por un amigo que había sido detenido, pero al regresar a su casa fue detenida, siendo sometida a torturas y otros vejámenes, para después ser subida a un vehículo en el que la trasladarían al Estadio Nacional, donde nunca llegó.
La Corte Suprema condenó a tres carabineros retirados por el secuestro y homicidio de la estudiante universitaria Blanca Marina de la Luz Carrasco Peña, cometido cuatro días después del golpe que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, informaron hoy fuentes judiciales.
En un fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal chileno impuso la pena de 10 años y un día de prisión al exfuncionario de Carabineros Nelson Rivera Vidal como autor del homicidio, mientras los también expolicías Benjamín Labbé Campos y Humberto Torres Silva purgarán seis años de cárcel como autores de secuestro.
Un cuarto imputado, Pedro Muñoz Sepúlveda, fue absuelto al no haberse acreditado su participación en los hechos.
Blanca Marina de la Luz Carrasco Peña tenía 27 años, era casada y madre de dos hijos, estudiaba Artes Plásticas en la Universidad Técnica del Estado (UTE), actualmente la Universidad de Santiago, militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y era dirigente estudiantil al ser detenida, el 15 de septiembre de 1973.
La joven concurrió a un cuartel de Carabineros de su barrio, en el sector santiaguino de Macul, para preguntar por un amigo que aparentemente había sido detenido, pero al regresar a su casa fue detenida, según determinó el juez especial Mario Carroza, que investigó el caso.
Llevada de nuevo al cuartel policial, fue sometida a torturas y otros vejámenes, para después, ya de noche, ser subida a un vehículo en el que la trasladarían al Estadio Nacional, utilizado entonces como campo de concentración de prisioneros políticos.
Pero nunca llegó a su destino y al día siguiente su cadáver fue encontrado en la calle con múltiples heridas de bala.
En el aspecto civil, el fallo ratificó lo resuelto por el juez Carroza, que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 20 millones de pesos (unos 29.850 dólares) al viudo de la víctima y de 15 millones de pesos (unos 22.380 dólares) a cada uno de sus dos hijos.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unas 2.300 personas murieron en Chile a manos de agentes del Estado. De ese total, 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.