Carlos Alejandro Ibarra Espinoza murió ese día a las 23:30 horas en Quilicura, por dos heridas de bala cráneo encefálicas con salida de proyectil, según consigna el Certificado Médico de Defunción suscrito por el médico legista.

Juan Luis Inostroza Mallea murió ese día a las 6:00 horas, en Quilicura, por heridas de bala cráneo encefálicas, según consigna el Certificado Médico de Defunción suscrito por el médico legista.

Rodolfo Ismael Rojas González murió ese mismo día a las 5:30 horas, en Quilicura, Portezuelo, por una herida de bala cráneo encefálica con salida de proyectil, según consigna el Certificado Médico de Defunción suscrito por el médico legista.

De acuerdo con declaraciones de familiares y testigos, los tres fueron detenidos el 25 de septiembre a las 10:00 horas, en el interior del campamento «Carlos Cortes Díaz» de Quilicura, por efectivos del Ejército, Carabineros y de Investigaciones que realizaron un operativo en el sector.

En el curso de dicho operativo, todos los hombres mayores de 18 años fueron ubicados en la cancha de fútbol de la población. Alrededor del mediodía, algunos de ellos, incluyendo a Carlos Ibarra, Juan Inostroza y Rodolfo Rojas, fueron subidos a un bus de Carabineros y trasladados a la Quinta Comisaría de Carabineros, ubicada en Hipódromo Chile con Guanaco.

Al día siguiente, en la mencionada unidad policial se informó a sus familiares que los detenidos habían sido llevados al Estadio Nacional. Sin embargo, no se entregó información sobre ellos ni en ese recinto ni en otros.

Días después, sus familiares encontraron sus cuerpos en el Instituto Médico Legal.

En las mismas circunstancias fue detenido, ese día, Fredy Flavio Molina Rodríguez, cuyo caso fue declarado víctima de violación a los derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Considerando los antecedentes reunidos y las investigaciones realizadas por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Carlos Alejandro Ibarra Espinoza, Juan Luis Inostroza Mallea y Rodolfo Ismael Rojas González, encontrándose detenidos, fueron ejecutados al margen de proceso legal por agentes del Estado y los declaró víctimas de violación de derechos humanos.