El 26 de noviembre de 1973, fueron ejecutadas las siguientes personas:

Juan Domingo ARIAS QUEZADA, 17 años, soltero, estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí.

Mario Francisco ZAMORANO CORTES, 33 años, soltero estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí.

Juan Carlos MERINO FIGUEROA, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí.

Juan Jonás DIAZ LOPEZ, 24 años, estudiante, militante del Partido Socialista de Osorno.

Que Phung TRAN HUYNH, vietnamita, Doctor en bioquímica y medicina nuclear.

En la madrugada del día 27 de noviembre, vecinos de El Arrayán escucharon la subida por el camino de un vehículo pesado, y alrededor de las 04:00 horas, múltiples disparos. En el transcurso del mismo día, los cuerpos sin vida de todos los señalados, fueron encontrados por un vecino en la Parcela Nº 38 de El Arrayán con una leyenda alusiva al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde son sindicados como «traidores».

En los respectivos protocolos de autopsia, se determinó que murieron por múltiples impactos de bala de grueso calibre. Varios de los cuerpos presentaban lesiones distintas a las provocadas por los proyectiles, tales como «escoriaciones multiformes distribuidas en la región frontal derecha», «múltiples traumatismos, en múltiples regiones del cuerpo, provocadas por cuerpos contundentes y cuerpos candentes», y «múltiples lesiones equimóticas en diversas zonas del cuerpo». Además de lo indicado, dichos protocolos indican que dos de ellos se encontraban amarrados.

Según relatan familiares, de acuerdo a indagaciones realizadas por ellos, el grupo habría intentado asilarse en una embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar, la que los habría detenido.

También según relato de familiares, uno de los afectados había sido buscado en su domicilio en los días previos por militares del Regimiento Tacna, quienes dijeron que debía presentarse en esa unidad militar.

Teniendo presente que por los testimonios conocidos, y los informes de autopsia, ha quedado establecido que fueron ejecutados durante la vigencia del toque de queda, con armas de grueso calibre, y que además sus cuerpos presentaban lesiones compatibles con apremios anteriores a la muerte, y la circunstancia que al menos uno de ellos había sido buscado por efectivos militares en los días previos, a lo que se agrega la común militancia política y las características generales del período en que ocurren estos hechos, la Comisión ha llegado a la convicción que estas personas fueron ejecutadas por agentes del Estado, siendo víctimas de una grave violación de su derecho a la vida.