José Aladino Alvear Ortega murió ese día, en la vía pública, debido a un shock por anemia aguda, provocada por heridas múltiples de bala «por acción militar» (sic), según consigna el respectivo Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Igual mención aparece consignada en el Protocolo de Autopsia.

Una copia del Protocolo de Autopsia se encuentra agregada a una investigación iniciada en el Segundo Juzgado del Crimen de Temuco, por denuncia efectuada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación por la desaparición de cinco personas. En este peritaje hay constancia de que en esa fecha el Instituto Médico Legal envió el original del Protocolo a una Fiscalía Militar.

Consultado el Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, éste informó que no registra los antecedentes solicitados por «tratarse de hechos que habrían ocurrido durante un estado de excepción, cuyo conocimiento correspondía a Tribunales de Guerra».

El Consejo Superior, considerando la época y causa de muerte, y especialmente la anotación del Certificado Médico de Defunción y del Protocolo de Autopsia en que se atribuye autoría a agentes del Estado, llegó a la convicción de que José Aladino Alvear Ortega fue ejecutado al margen de proceso legal. En tal virtud, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.