SITUACION REPRESIVAJorge Manuel Pavez Henríquez, 25 años, soltero, obrero agrícola y Tesorero del Asentamiento de Patagual fue detenido el día 13 de octubre de 1973 desde su lugar el trabajo, por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo acompañados por Manuel Acevedo Cornejo, camionero de la zona. Fue llevado detenido a la Escuela de Infantería de San Bernardo, luego al Campo de Detenidos de Chena y sacado en presencia de testigos con destino desconocido. Hasta el día de hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.
El día 13 de octubre de 1973 aproximadamente a las 8:30 horas de la mañana, Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del Mayor Machuca y acompañados del Teniente del Retén de Pintué, Luis Jara, dieron comienzo a un operativo que abarcó los asentamientos Rangue, El Patagual y Mancel Alto. Los uniformados se movilizaban en un camión y un jeep militar. Portaban una lista con nombres de asentados, y el operativo tuvo por objeto su detención. Los primeros campesinos detenidos fueron Juan Manuel Ortiz Acevedo, Presidente del Asentamiento Rangue; su hermano Luis Celerino Ortiz Acevedo, vice Presidente del mismo asentamiento; César Ernesto Guzmán Hevia, Julio Pérez Pino y Alfonso Rodríguez Pacheco. También se detuvo a José Domingo Manzor Manzor. Desde el Asentamiento El Patagual se detuvo a Manuel Pavez Henríquez y Francisco Javier Lizana Irarrázabal. En el Asentamiento Mancel Alto se detuvo a su Presidente José Manuel Díaz Inostroza, todos ellos fueron sacados desde sus lugares de trabajo. Los detenidos fueron subidos a un camión, custodiado por Militares y llevados a una cuesta que conduce a Melipilla. Allí había numeroso contingente militar y camiones. Cerca de las 17 horas el camión con los 9 detenidos se dirigió a la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el trayecto se les vendó la vista y se les mantuvo en el piso boca abajo. En la Escuela de Infantería se les preguntó sus nombres y se les retuvo el carnet de identidad. Acto seguido nuevamente los hicieron subir al camión en el cual fueron trasladados al Campo de Detención de Chena. Las nueve personas permanecieron cerca de una semana recluidos juntos, en una misma sala de la Escuela Básica que había en el Cerro Chena que por esos días había sido habilitada como cárcel por los militares. Con posterioridad los destinos de estos detenidos fueron diferentes.
César Ernesto Guzmán Hevia, Julio Pérez Pino, Alfonso Rodríguez Pacheco y Domingo Manzor Manzor, transcurrido un año de reclusión en diferentes recintos y sin que se les formularan cargos, quedaron en libertad.
Los hermanos Luis Celerino y Juan Raúl Ortiz Acevedo y Francisco Javier Lizana Irarrázaval fueron encontrados sin vida y semienterrados en una quebrada al interior del Asentamiento San Vicente de Lo Arcaya en Pirque. Junto a sus cuerpos también se encontraron los restos de Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos presentaban impactos de balas. Estos dos últimos habían sido detenidos desde los asentamientos El Patagual y Huiticalán, el 20 de octubre de 1973, también por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El hallazgo fue realizado por campesinos del Asentamiento San Vicente de Lo Arcaya que dieron aviso a Carabineros de Puente Alto iniciándose en el Juzgado correspondiente la causa rol 15270 en noviembre de 1973.
José Manuel Díaz Inostroza fue encontrado por sus familiares en el Instituto Médico Legal; los antecedentes existentes en el Instituto daban cuenta del hallazgo de su cuerpo, impactado por balas en el Puente Maipo. Junto a su cadáver se encontró el de Pedro Meneses Brito -Presidente Asentamiento El Vínculo- Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva y Luis Osvaldo González Mondaca -ex Pdte. del Asentamiento Huiticalán- todos ellos detenidos en los operativos del 20 y 21 de octubre de 1973.
Hilda Inés Cerda, esposa de Luis Celerino Ortiz Acevedo, con fecha 30 de octubre de 1990 declaró en causa 2-90-E ante el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, afirmando haber visto el cadáver de Jorge Manuel Pavez Henríquez en el Instituto Médico Legal que, al igual que su esposo, había ingresado como N.N. Textualmente dijo: "...Vi también a Jorge Pavez, que era un joven del Asentamiento Los Hornos y esto lo recuerdo muy bien ya que tenía un zapato comprado con mi esposo y se lo pedí a un auxiliar que se encontraba"... "mi cuñado David le avisó a Tito Pavez, padre de Jorge, pero ellos no creyeron que esto fuera verdad y hasta el día no lo han aceptado".
En causa 2-90-E que instruye el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla, por inhumaciones ilegales en la localidad de Paine, declararon César Ernesto Guzmán Hevia y José Domingo Manzor Manzor, aportando antecedentes acerca de la reclusión de los 9 detenidos el día 13 de octubre de 1973.
José Domingo Manzor Manzor, en parte de su declaración narró "Nos trajeron a un lugar que parece que era la Escuela de Infantería de San Bernardo. Ahí nos preguntaron los nombres y nos pidieron el carnet. De ahí nos hicieron subir a los camiones de nuevo y llegamos al Chena, ya era de noche. Al comienzo nos llevaron a una sala donde había más gente. Como a los ocho días los llamaron por el nombre a los hermanos Ortiz, pero antes ya habían hecho lo mismo con Jorge Pavez. Incluso Pavez antes de irse me dejó un poncho listado para que no pasara frío. Lo conservé hasta el final y después se lo devolví a sus familiares. El mismo día que se llevaron a Pavez, yo estaba cerca de él y lo sentí quejarse cuando le pegaban. Lo oí que decía "papá, voy a morir". Su padre no estaba detenido y todavía vive "...la detención y posterior desaparecimiento de Jorge Manuel Pavez Henríquez se enmarca dentro de lo que fue la represión en Paine en 1973.

La investigación judicial del arresto ilegal y posterior desaparecimiento de Jorge Manuel Pavez Henríquez se inició en la Corte de Apelaciones de Santiago al interponer su padre, don Vicente Pavez Vera, un recurso de Amparo en su favor el 28 de junio de 1976. La causa quedó rolada con el N°567-76. El escrito de presentación del amparo contenía abundante información relativa a los aprehensores de Jorge Manuel Pavez Henríquez y recintos de reclusión, también nombraba a los cuatro campesinos testigos de los hechos y compañeros de reclusión de su hijo. Además daba los nombres de otros dos lugareños que, sin haber estado detenidos, habían presenciado la detención de Jorge Manuel Pavez Henríquez. Estos eran Guillermo Salinas Núñez y Juan González Segovia, ambos agricultores del Asentamiento El Patagual. Finalmente, ponía en conocimiento del Tribunal del hallazgo de los cuerpos sin vida de 4 campesinos que habían sido detenidos en las mismas circunstancias que su hijo. Pese a todos estos antecedentes, la Corte resolvió exclusivamente oficiar al Ministerio del Interior del cual se recibió respuesta negativa en orden a conocer el paradero del afectado. En el escrito del Amparo, su padre solicitaba que se oficiara a la Escuela de Infantería de San Bernardo para que aportara antecedentes al Tribunal. Esta petición no fue acogida. Con el único antecedente proveniente del Ministerio del Interior, el 14 de julio de 1976 el recurso de amparo fue rechazado. Se dejó constancia en la resolución de la Corte que el Ministro Sr. Galecio estuvo por solicitar información al Comandante de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al Juez Militar de Santiago y al Jefe de Zona en Estado de Sitio. La resolución fue apelada, pero dicha decisión fue confirmada el 14 de julio de 1976 por los Ministros de la Corte Suprema señores M. Eduardo Ortiz S., Octavio Ramírez M., Marcos Aburto O., Estanislao Zúñiga C. y el abogado integrante don Julio Fabres.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago no contempló la remisión de los antecedentes incluidos en el Recurso de Amparo al Juzgado correspondiente, a fin de que se iniciara una investigación por la Presunta Desgracia de Jorge Manuel Pavez Henríquez. De esta forma se daba término a la Investigación judicial.
En causa rol 2-90-E se encuentran los antecedentes relacionados con la detención y posterior desaparecimiento de Jorge Manuel Pavez Henríquez. En abril de 1991, la parte denunciante solicitó al Ministro en Visita investigar minuciosamente los protocolos de autopsia de las fechas cercanas a su detención, dado los antecedentes entregados al Tribunal que daban cuenta de testigos de la permanencia de su cadáver en el Instituto Médico Legal, en noviembre de 1973. Diligencia que fue acogida por el Tribunal sin haber novedades al respecto al cierre de esta redacción.
En causa rol 4449-AF, que se instruye desde agosto de 1991, en el 22° Juzgado del Crimen de Santiago, tras haber interpuesto la Vicaría de la Solidaridad una denuncia por inhumaciones ilegales de detenidos desaparecidos ocurrida en 1973 en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, fueron incluidos los antecedentes antropométricos de Jorge Manuel Pavez Henríquez. En septiembre de 1991, el Tribunal ordenó la exhumación de 108 tumbas en el mencionado patio. Las osamentas encontradas fueron remitidas al Instituto Médico Legal. Al término del año 1992 aún se trabaja en su identificació

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó fallo de segunda instancia y condenó a siete ex uniformados como autores del secuestro calificado de once campesinos, hechos ocurridos en octubre de 1973, en lo que se conoce como episodio Paine Aculeo.
De esta manera, las ministras María Catalina González, Carolina Vásquez y Celia Olivia Catalán confirmaron las condenas emitidas por la magistrada Marianela Cifuentes de la Corte de San Miguel en su fallo de julio de 2021, y condenaron a los coroneles del Ejército en retiro Osvaldo Andrés Magaña Bau, Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; al ex carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga y prefecto de Investigaciones  Roberto Arcángel Rozas Aguilera a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las once víctimas.
En tanto, el ex general de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años como autor del mismo delito.
De acuerdo a la investigación, los condenados detuvieron, torturaron y ejecutaron a los trabajadores agrícolas Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez, entre el 13 y 20 de octubre de 1973 en la zona rural de Aculeo.
Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa “se ha dado un nuevo paso para hacer justicia para estos 11 campesinos de la zona de Aculeo, Rangue, Patagual y Rangue, aledaños a Paine, todos llevados a la Escuela de Infantería de San Bernardo y al Campo de Prisioneros del Cerro Chena, donde fueron martirizados. Una vez asesinados, sus cuerpos fueron abandonados algunos en el Puente del rio Maipo y los otros, en un Fundo de Pirque”, sostiene.
Caucoto, prosigue agregando que “Es llamativo que la sentencia alcance a 4 coroneles y a un General de Ejército, constituyéndose este fallo en el primero que condena a un grupo de oficiales de esa institución.  La justicia avanza silenciosamente dando cuenta de estas grandes heridas que nos dejó el pasado dictatorial”, finalizó el abogado.
Los hechos
El 13 de octubre de 1973, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.
En esa oportunidad detuvieron a los dirigentes campesinos, entre ellos: José Manuel Díaz Inostroza, presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, presidente y tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, presidente y vicepresidente del asentamiento Rangue
Lo mismo hicieron el 20 de octubre de ese año, esta vez en el sector de El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, deteniendo a Pedro Juan Meneses Brito, presidente del asentamiento El Vínculo y Luis Osvaldo González Mondaca, presidente del asentamiento Huiticalán y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.
Posteriormente las víctimas fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, para posteriormente  ser ejecutados con arma de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente y abandonados.
Dicho campo de prisioneros estaba a la cabeza del capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido y el teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena. Del mismo modo, estaban a cargo de los interrogatorios el teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.
De acuerdo a la investigación, el 23 de octubre de 1973, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo.
El 13 de noviembre de 1973 fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque
Finalmente, los restos de Jorge Manuel Pávez Henríquez fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General.

Fueron los dueños de latifundio y de camiones quienes participaron junto a los agentes de Estado en las torturas, ejecución y desaparición de los 70 habitantes de Paine, en su mayoría campesinos, durante la dictadura militar. La justicia ha procesado a seis de ellos y uno quedó imputado por los crímenes de lesa humanidad, Francisco Luzoro Montenegro. Sin embargo, el clan Kast, quien ha participado según testigos, ha quedado impune.
El 2017, la Corte Suprema ratificó el fallo contra el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad: Francisco Luzoro, por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. La condena fue por 20 años y un día. Sin embargo, el criminal solicitó la libertad provisional bajo fianza en favor del procesado, bajo el argumento de "no ser un peligro para la seguridad de la sociedad", manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.
Francisco Luzoro fue el dirigente dueño de camiones de Paine, quien actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.
También hubo otros cinco civiles procesados, como Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.
El 2017 también se procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.
Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.
El clan Kast y su impunidad
Las denuncias contra la familia del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast volvieron tras conocerse el fallo de la Corte Suprema por el caso de "Paine Centro", el cual involucra la ejecución y desaparición de 38 habitantes. En el fallo se condenó a 11 ex uniformados del Ejército y Carabineros.
En el programa Sin Filtros, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) emplazó a Teresa Marinovic, convencional del Partido Republicano por la complicidad de la familia Kast en la ejecución y desaparición de 70 personas, todos hombres y en su mayoría trabajadores agrícolas. Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar.
La familia Kast tiene renombre en la derecha, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, famoso operador de la derecha, uno de los pilares fundantes de la UDI, arquitecto en los cambios del Estado (ODEPLAN) durante los 80 para ajustarlo al nuevo sistema económico neoliberal que se quería implementar en ese momento, sino además con vínculos con la misma DINA, como revela el libro A la Sombra de los Cuervos, el periodista Javier Rebolledo.
Voces contra la Reforma Agraria
En el Golpe de Estado, Miguel Kast hizo una buena relación con Jaime Guzmán y también fundador UDI. Antes, en los años 70, mientras que en distintas localidades como en Paine, la Reforma Agraria comenzaba a levantarse desde organismos campesinos y sindicatos de obreros agrícolas, en ese periodo la familia Kast habría facilitado los camiones e inclusive sindicado a algunos de los que fueron luego asesinados.
Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria y hermano de José Antonio, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos.
Francisco Luzoro, reconoció que
“los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”
. La familia Kast tenía relación con préstamos y traslados que unía a los militares y Carabineros con las detenciones.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país acogió sendos recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la figura de la media prescripción en contra de once involucrados.
El Presidente
Gabriel Boric
se refirió en horas de esta tarde a la condena que realizó la Corte Suprema a
11 exintegrantes del Ejército y Carabineros,
por la matanza de
38 campesinos
en distintos asentamientos de Paine, hecho ocurrido en el año 1973.
"Si no hay verdad ni justicia, las heridas no pueden sanar.
Después de 49 años de lucha, familias de Paine lograron vencer a la impunidad. A seguir construyendo un Chile en donde
siempre se respete la democracia y los derechos humanos",
reflexionó el Mandatario en su cuenta de Twitter.
Y es que la Segunda Sala del máximo tribunal del país acogió sendos recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la figura de la media prescripción. La decisión de la
Suprema radicó en que aquello no debía aplicarse en crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar, se condenó a los miembros en retiro del Ejército,
Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez,
a 20 años de presidio por su responsabilidad en los 38 casos de homicidio calificado.
En tanto, José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez, todos retirados de la institución castrense, fueron sentenciados
a la pena de 10 años de presidio mayor
en su grado mínimo, en calidad de autores de homicidio calificado.Por otra parte, Raúl Areyte Valdenegro fue sentenciado a 7 años y seis meses, y Nelson Iván Bravo Espinoza, oficial (r) de Carabineros, fue condenado a diez años y un día.

Se trata de Carlos Fonseca Faúndez, Sergio Fernández Pavez, Jorge Manuel Pavez Henríquez y Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera.
SANTIAGO.- El ministro en visita, Alejandro Solís, confirmó este jueves los nombres de otras cuatro víctimas del gobierno militar que habían sido enterradas en el Patio 29 del Cementerio General y que fueron erróneamente identificadas por el Servicio Médico Legal (SML), en el marco de la causa rol 4.449-22 del Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen. Luego de las pericias practicadas por los expertos del SML Rhonda Roby (especialista en genética forense) y el doctor Francisco Etxeberría Gabilondo (especialista en medicina legal y forense), se logró la individualización de éstos con una certeza de 99,999%. Las identidades corroboradas corresponden a Carlos Fonseca Faúndez, Sergio Fernández Pavez, Jorge Manuel Pavez Henríquez y Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera. En el caso de este último, sus osamentas fueron rotuladas con fecha 17 de abril de 1998 e identificadas de manera errónea como las pertenecientes a Fernando de la Cruz Olivares Mori. Según el poder judicial, "los familiares de la víctima Olivares Mori plantearon ciertas dudas frente a la identificación, las cuales fueron acogidas por el tribunal, determinándose y llevándose a efecto la exhumación de los restos que les habían sido entregados". Aún quedan más de 100 pericias que no han logrado resultados definitivos. Dentro de las diligencias de la presente causa, además, el próximo lunes 26 de abril se comenzará a realizar la entrega de las muestras óseas (fémures) que han sido utilizadas en el presente proceso para la extracción de ADN, a sus respectivos familiares, en los casos que se ha logrado la identificación positiva, comenzando con las pertenecientes a la víctima Eduardo Emilio Toro Vélez, quien se encuentra sepultado en el Cementerio N° 1 de Iquique. En el año 2006 se dio a conocer que había errores en la identificación de los restos y desde entonces el Servicio Médico Legal comenzó una serie de auditorías para lograr identificar correctamente a las víctimas. En julio de ese año, el Patio 29, donde fueron ubicadas 123 osamentas, fue declarado Monumento Nacional.

Este domingo 19 de mayo, a las 11:30 horas, se invita a toda la comunidad painina -y a quienes no son de la zona, también- a participar de la Inauguración que se realizará en el histórico Estadio Ferroviario, del “Paseo de la Memoria”,lugar que tiene por propósito homenajear y recordar a los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine.
Cabe señalar que Paine es la comuna con la mayor cantidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura, en proporción al número de sus habitantes. Asimismo, es también conocida por la participación de civiles en las injustas detenciones -al comienzo y desarrollo de la dictadura militar de Pinochet- que luego terminaron en desapariciones y ejecuciones que han marcado la historia de Paine y del país.
Este nuevo paseo memorial de víctimas de la dictadura, “Paseo de la Memoria”, se construyó en el recordado Estadio Ferroviario, que en el pasado contenía, en sus paredes, murales que ilustraban la denuncia de la gran represión ocurrida en Paine en aquellos años, y que se fue deteriorando con el paso del tiempo.
Sin embargo, hoy Paine florece de nuevo, y lo hace con este importante evento de reapropiación y alta relevancia, debido a que se realiza en un significativo lugar de la comunidad.
El acto de Inauguración es este domingo 19 de mayo, a las 11:30 horas, en el mismo Estadio Ferroviario (calle Gilda Díaz con Av. José Joaquín Prieto). El evento constará, entre otras cosas, con la muestra de retratos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, hechos por Lorenzo Moya, pintor de la zona, los cuales quedarán expuestos para siempre en los pilares de la reja del Estadio.
El concejal de la zona, Juan Leonardo Maureira, manifestó a un medio local “Esta iniciativa tendrá repercusión nacional”, apreciación que los organizadores del evento compartimos, ya que estamos seguros que asumir nuestra historia contribuye a la sana convivencia, tanto local como nacional.
Por otro lado, la “Corporación Paine, un lugar para la Memoria” que trabaja en estas temáticas desde la promoción y desarrollo del “Memorial Paine”, considera que esta iniciativa es un esfuerzo adicional de parte de la comunidad de Paine, pues pone en valor la importancia de la memoria sobre la experiencia histórica local, así como la promoción de los derechos humanos y valores democráticos que son fundamentales no sólo para que la represión sufrida por tantas personas en Paine nunca más se repita, sino también para el desarrollo cultural, social y cívico de nuestra comuna.
La importancia de esta y tantas otras iniciativas de memoria y conmemoración, apuntan a construir una comunidad que, con la memoria de su experiencia histórica, pueda rearticular sus proyectos de desarrollo local y comunitario. Espacios para la memoria que permiten construir futuro son patrimonio de nuestra sociedad y, por ende, necesarios para su desarrollo.
Les esperamos.
Convocan:
Ilustre Municipalidad de Paine.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.
Agrupación de Derechos Humanos, José Calderón Miranda.
Corporación Paine, un lugar para la Memoria.
MEMORIAL PAINEUn lugar para la Memoria
visitas@memorialpaine.org | www.memorialpaine.org

Yo soy Alicia Pavez Henríquez, hermana de Jor - ge Manuel Pavez Henríquez, él era el mayor de cuatro hermanos y yo la menor de todos. Mi papá se llamaba Vicente Pavez Vera y mi mamá María Henríquez Estay. Jorge tenía vein - ticinco años cuando se lo llevaron detenido un 13 de octubre de 1973, en el asentamiento El Patagual, en el sector de los Hornos, donde vivíamos y trabajaban mi papá y Jorge, que tra - bajaba como contador o cajero. Mi hermano llevaba la contabilidad del asentamiento. Yo tenía diecisiete años en el ’73. Actualmente, tengo dos hijos, Manuel Alejandro de treinta y cuatro años, que tiene un hijo, y María Cecilia de veintinueve años. Yo soy Magdalena Pavez Henríquez, her - mana de Jorge Manuel, soy la tercera de los hermanos, y tenía diecinueve años cuando lo detuvieron. Hoy día tengo tres hijos, el mayor tiene cuarenta y dos años, se llama Jorge también, tiene dos hijos y es muy parecido físicamente a él. Luego, Ana María que tiene treinta y siete años, y Fernando que tiene veintidós años. Yo soy Héctor Gabriel Pavez Hen - ríquez, el hermano que seguía des - pués de Jorge. Éramos muy ape - gados, muy amigos, teníamos dos años de diferencia. Cuando chico ¡era más peleador! Me pegaba, jugaba conmigo, pero fuera de la casa, me protegía, se preocupaba y me cuidaba. Cuando detuvieron a mi hermano yo trabajaba y vivía en Rancagua, así que me vine a ente - rar como una semana después que se habían llevado a Jorge, cuando vine a la casa.Jorge estaba en su trabajo, y nunca más lo vimos, salvo en la tarde de ese día cuando los militares se lo llevaron en un camión. Mi hermano tenía el cargo de vicepresidente del asentamiento El Pata - gual, y además trabajaba como tesorero ahí. Jorge era muy inteligente. Sí, mi hermano era muy habiloso. Fue al cole - gio, pero tuvo poca escolaridad, él se fue for - mando solo, tanto que llegó a ser el cajero del asentamiento. Aprendió también a tener linda letra, porque yo en ese tiempo estudiaba, en - tonces le hacía exámenes para que compusiera la letra. Jorge me pedía que le hiciera las cartas de amor para su novia Rosa que era de Valpa - raíso. Yo le escribía unas cartas muy lindas que a él le gustaban mucho, porque yo siempre fui bien inspirada. Mi hermano peleaba mucho conmigo, me molestaba y como era muy gorda él siempre decía ‘la guatona para allá, la guatona para acá’, pero en el momento que me pedía escribirle una carta a la novia, ahí me decía “No, si nunca más te voy a decir así”. Solo para ella le escribí las cartas. Mi hermano decía que la que - ría mucho porque era muy buena. Ellos se co - nocieron porque Rosa venía con una familia de Valparaíso que venían seguido a pasear donde una familia de Los Hornos. Jorge también iba a visitarla a Valparaíso. Después que se llevaron a mi hermano, con Rosa nos escribimos hartos años. Habían pasado cerca de dos años y me escribió una carta pidiéndome permiso porque estaba pololeando con otro joven, en el fondo quería que le diera autorización de estar con otro pololo, ella era bien sencilla, incluso más sencilla que nosotros, que también éramos una familia sencilla. Obviamente le respondí que sí, porque ya no podíamos tener más esperanza de encontrar vivo a mi hermano, a pesar que nunca nos dijeron que lo habían matado, en ninguna parte.Nuestra familia es originaria de esta zona, todos nacimos en El Patagual. El papá era joven cuando detuvieron a Jor - ge, tenía cuarenta y dos años, y la mamá era mayor que él, tenía cerca de cincuen - ta años, pero curiosamente murió des - pués que el papá. El papá tenía viveros de árboles frutales y también en ese tiempo trabajaba en el asentamiento El Patagual, donde sem - braban maíz, papas, y se criaban pollos, gallinas, gallos. Ellos llegaban en la ma - ñana a la oficina que estaba al centro del asentamiento, ahí se alistaban para comenzar sus trabajos, ahí estaban las maquinarias. El papá estaba ahí todavía cuando llegaron los militares a buscar a Jorge. Venían en un camión con otros de - tenidos. Eran las ocho u ocho y media de la mañana, recién estaban partiendo. El papá siempre se acordaba que un militar desde arriba del camión comenzó a nom - brar a algunos trabajadores del asenta - miento, y uno de ellos era mi hermano Jorge. También reconoció a un civil, Ma - nuel, que andaba en el camión y dijo “Ahí está el papá, ahí está el papá de Jorge”. Entonces, un militar le hablo fuerte, casi gritando al papá “¡Vaya a buscarlo!”. Fue a buscarlo, entró a la oficina y le dijo “Jorge, te vienen a buscar”. Del asentamiento El Patagual solo se llevaron a mi hermano, a Julio Pérez que parece era el secretario del asentamien - to y al tío Alfonso Rodríguez, casado con una hermana de la mamá, pero después los soltaron. No recuerdo cuánto tiempo, pero el tío Alfonso estuvo detenido va - rios meses, al menos cuatro o cinco meses en Cerro Chena 2 y regresó. También se llevaron al Panchito 3 que era el presidente del asenta - miento El Patagual. Julio Pérez estuvo detenido años y cuando volvió, volvió muy distinto y se fue a Santiago. Seguramente lo golpearon mucho. Llegó muy callado, no conversaba, estaba muy distinto. Antes era más ale - gre. Nunca contó si sabía algo de lo que había pasado con Jorge...
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