SITUACION REPRESIVAHeriberto Rivera Barra, casado, 6 hijos, tipógrafo, sin militancia política conocida, fue detenido el día 16 de septiembre de 1973 a las 09:30 horas de la mañana en su domicilio por Carabineros de la Comisaría Sur de Los Angeles. Estos, sin permitir que se pusiera zapatos ni sus pantalones procedieron a arrestarlo sin exhibir orden alguna. Semidesnudo lo sacaron de su domicilio obligándolo a subir a una camioneta de color verde, propiedad del Servicio Agrícola y Ganadero (S.A.G.), conducida por el Cabo primero José Germán Salazar. En el vehículo iba en calidad de detenido su vecino Ejidio Acuña Pacheco quien había sido aprehendido en su domicilio media hora antes por los mismos funcionarios policiales, quien también se encuentra desaparecido.
Ese mismo día los carabineros en el furgón mencionado detuvieron, en la Población San Alfonso, a Juan Chamorro Arévalo, Juan Heredia Olivares -ambos desaparecidos desde esa fecha- y a José Villagrán Villagrán quien falleció el día siguiente en el Hospital de la ciudad producto de heridas de bala y cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.
En la tarde del mismo día la cónyuge de Heriberto Rivera, doña Eloísa Hurtado Inostroza, y su hija Nora concurrieron a la Comisaría mencionada donde les informaron que el detenido había sido entregado al Liceo de Hombres de Los Angeles.
El 17, en la mañana, la señora Eloísa, se dirigió al Regimiento de Los Angeles preguntando por su marido, los uniformados la enviaron a la Cruz Roja diciéndole que allí le darían la información que necesitaba, lugar en que le señalaron que Heriberto Rivera no figuraba en las listas de detenidos.
Hasta la fecha se ignora el paradero de Heriberto Rivera Barra.

El 2 de diciembre de 1974 fue interpuesto un Recurso de Amparo en favor del afectado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, por Nora del Carmen Rivera Barra, hija del detenido. Este roló con el N°3268 y en el escrito se solicitaba oficiar a diversas autoridades.
Con fecha 18 de diciembre de 1974, el Comisario de Los Angeles, Mayor de Carabineros Carlos De la Cerda Paredes, dando respuesta a los oficios N°s.271 y 273 enviados por la Corte, informó que "revisados los libros de guardia de la Comisaría e Investigaciones de los Angeles no se registra la detención del afectado". Además, agrega que el Cabo 1° mencionado en el escrito es el mecánico de la Unidad policial y no realiza servicios de orden y seguridad. Por tanto, "se puede presumir que la detención pudo haber sido por patrullas del Ejército, los cuales eran conducidos al campo de prisioneros, del regimiento", agregando que cabe la posibilidad de que haya viajado a la Argentina.
El General de Brigada, Nilo Floody Buxton, Comandante en Jefe de la III División de Ejército informó al tribunal, el 13 de enero de 1975, que no se había detenido al afectado por orden de esa Comandancia en Jefe.
El 23 de enero en la Corte se recibió un telegrama del Ministro del Interior, General Raúl Benavides, informando que Heriberto Rivera no se encontraba detenido por orden de su repartición.
Ese mismo día el sorteo de la causa recayó en la 1ra. Sala del Tribunal, la que estableció que el afectado no se encontraba detenido y no tenía orden de aprehensión, por tanto se rechazaba el amparo. Es el caso señalar que la Corte al rechazar el amparo, habiendo transcurrido más de dos años de los hechos investigados, no ordenó abrir sumario por presunta desgracia en el juzgado del crimen competente. El caso de Heriberto Rivera forma parte de la lista de detenidos desaparecidos de la Diócesis de Los Angeles enviada por su Obispo Monseñor Orozimbo Fuenzalida en septiembre de 1978 al entonces Ministro del Interior, Sergio Fernández F., presentación que tampoco tuvo respuesta.

En fallo dividido (causa rol 12.226-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez - condenó al ex carabinero José Jermán Salazar Muñoz a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de los secuestros calificados de Ejidio Acuña Pacheco, HEIBERTO RIVERA BARRA y Juan Chamorro
Arévalo; y a 61 días de presidio como cómplice en el delito de homicidio simple de Tito Villagrán Molina. Ilícitos perpetrado a partir del 16 de septiembre de 1973, en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío.
Los crímenes fueron ejecutados por cinco funcionarios de carabineros. De ellos solo tres fueron procesados por una justicia tardía y licenciosa con los criminales. Dos de los inculpados, Juan Manuel Villablanca Méndez y José Miguel Beltrán Gálvez, murieron en el eterno barullo de una justicia cómplice, tuerta e ineficiente. La etapa procesal terminó recién en septiembre de 2015 con un solo condenado. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema viene a poner la última palada de burla a esta farsa, rebajando las penas que se le habían impuesto al único criminal condenado. La mayoría facha que se estableció esta vez en la sala sigue haciendo prevalecer sus criterios pro impunidad; solo los ministros Juica y Valderrama votaron por, al menos, mantener el fallo de primera instancia.

“Liceo de Hombres”. Ni uno menos: A las viudas, hijos e hijas, padres y madres que perdieron a sus familiares, actualmente detenidos desaparecidos

Persiste el edificio, no así la memoria. No están los abuelos, ni las abuelas, ni los padres, ni las madres para que te lo recuerden, no está la voluntad para reconocerlo, pero aún persisten las huellas en los muros, las salpicaduras de sangre, la radio con el volumen en alto para enmudecer los gritos, el aroma ácido en las escaleras por donde hoy recorro con mis hijos -es a Nicanor a quien le pesan los pies para subir peldaño a peldaño-, ahora examina en una puerta que se ve como hechizada, el robusto pasamanos permanece impávido frente a ser otro ayer, entre culatazos, la madera resiste todo; cada interrogatorio, cada orina, cada venda en los ojos, cada desfile a empujones y escupitajos.
Fueron  campesinos, dirigentes, profesionales, amigos de la infancia, ahí también caía prisionero el profesor de los dedos albos por la tiza en los pizarrones; fue así como esta vez las salas de clases se usaron como celdas. La madera comenta, hay mucha gente aquí dentro, saludan de buenas tardes los niños -la brisa corre por los pasillos husmeando de vez en cuando-.
Es aquí donde reposan otros vestigios, que se suman a otros de épocas pasadas; cuando correteaban las muchachadas por los pasillos, también sirvieron de depósito humano, donde dormitaron como pucho, botados, húmedos y nerviosos -Elena y Nicanor acuden a clase de música, cada uno porta una flauta dulce-.
Una vez boquiabiertos por la sed y el hambre de días los bajaban al galpón, de ahí salieron heridos, desechos e inciertos. Hoy Nicanor, el menor de cinco años, se busca entre una maqueta de un edificio, observa cada rincón, pregunta “de qué se trata”, “ese será el nuevo Centro Cultural de esta ciudad”, le contesto.
Heriberto Rivera Barra, 47 años, tipógrafo, al momento de su detención se encontraba postrado en cama con traumatismo encéfalo craneano (TEC). A su cónyuge le informaron en la Comisaría Sur que había sido llevado al “Liceo de Hombres”, lugar en el cual fue negada su detención; la autoridad policial señaló que “Ribera Barra se ha ido del país hacia la República Argentina”.
La comisión investigadora se formó la convicción de que fue efectivamente arrestado por agentes del Estado y conducido por ellos a algún lugar donde se produce su  desaparición y suerte final. “Papá te equivocas, esta es la maqueta de una cárcel”, “¿por qué dices eso, Nicanor?”, “fíjate bien, ahí pusieron un policía”. ¿Qué hace un policía en un Centro Cultural? Hubo mucho frío ese septiembre, ese tiempo aquel de reclusión donde se roían las orejas, pronto hasta los tímpanos se pondrían de rodillas.
Los antecedentes coinciden en señalar que al interior del Liceo de Hombres los prisioneros eran mantenidos en condiciones de hacinamiento en salas de clases, privados de agua y alimento, sin derecho a ir al baño -las condiciones eran insalubres-. Se les impedía dormir, ya que eran llevados durante la noche al patio para torturarlos,siendo un número indeterminado de personas las que pasaron por este sitio. Los niños a esta hora acuden junto a otros niños a clases de música.

Los Ángeles, Chile. Luis Acuña Pacheco, es testigo clave de dos casos de detenidos-desaparecidos
de Los Ángeles. Recientemente entregó al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana un croquis que detalla la cronología de los hechos, y sitúa el lugar de las detenciones, debido a que, donde hace más de 30 años se emplazaba un conjunto habitacional, ahora existe una plaza de juegos infantiles.
Luis Acuña Pacheco, con voz pausada dice que para su familia los años se quedaron estancados en aquel 16 de septiembre de 1973, cuando vio a su hermano, Egidio por última vez, cuando era sacado a viva fuerza por Carabineros, que llegaron hasta su hogar en la casa cinco de la Villa Hermosa, y de paso, era llevado otro vecino, Heriberto Rivera Barra, también detenido-desaparecido.
Acuña Pacheco define estos 36 años como muy difíciles. "Pasan los años, me pongo más viejo y sensible. No quiero que pasen los años y no se haga justicia" reflexiona, al tiempo que precisa confiar en las labores investigativas que realiza el ministro Carlos Aldana, quien a mediados de abril, realizó la reconstitución de escena por la muerte de cinco personas, entre ellas, Egidio Roespier Acuña Pacheco, quien tenía 24 años a la fecha de su detención.
Comentó que la reconstitución de escena, la única de la investigación, lo llevó a rememorar episodios muy fuertes para él y su familia, encontrándose además, a metros de quienes en esos años fueron hasta su hogar a buscar a su hermano, y se lo llevaron en una camioneta de color verde, perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero.
"Esa mañana hacía mucho frío. Mi hermano, que estaba en pijama al ser día domingo, alcanzó a cambiarse ropa, no así, nuestro vecino que prácticamente salió en pijama. No había explicación alguna que justificara la detención de Egidio, así como de tantas personas que luchamos día a día por encontrarlos, o saber qué pasó con ellos". "Vi salir de la casa a mi hermano tratando de darme tranquilidad. En esos tiempos, yo era un adolescente de 14 años, pero no he olvidado ni el más mínimo detalle de los hechos que marcaron para siempre nuestras vidas".
Investigación
Puntualiza que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana ha sido riguroso en la investigación, pero al igual que todos los familiares de detenidos-desaparecidos, quieren saber qué ocurrió con sus seres queridos.
"Encontrar tal vez algún indicio, que nos permita darles sepultura. Llevarles flores, irlos a ver a algún cementerio" manifiesta, mientras recapitula los episodios posteriores a la llegada de los uniformados que tocaron la puerta de su casa en la Villa Hermosa.
Recordó que en el lugar donde actualmente se ubica la plaza Silva Arriagada en los años 70 había un conjunto habitacional. "Una treintena de casas, una de esas era la de nuestros padres, desde donde fue sacado Egidio".
Según informes de Derechos Humanos, Egidio Roespier Acuña fue sacado violentamente de su hogar por seis funcionarios policiales que allanaron su domicilio. Desde la vivienda, fue llevado a un lugar indeterminado a bordo de una camioneta color verde oscuro, tipo furgón, perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
También se responsabiliza a los mismos funcionarios de detener el mismo día 16 de septiembre a Heriberto Rivera Barra, a Juan Chamorro Arévalo, José ‘Tito’ Villagrán Villagrán y a Juan Heredia Olivares, cuyos familiares desde hace más de tres décadas recuerdan los episodios vividos desde el momento de su detención, y que revivieron al momento de entregar sus testimonios al ministro que investiga esta situación.
El ministro Aldana fue designado por turno el año 2005 para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región entre septiembre de 1973 y 1978, período en que rigió la Ley de Amnistía.
En Tratamiento Psicológico
Luis Acuña expresa que recibe atención de médicos especialistas del PRAIS, y que anhela se haga justicia y se establezcan responsabilidades en los casos de violaciones a los derechos humanos. "Mi padre murió hace 10 años. Tenía 79 años, y siempre se preguntaba qué ocurrió con Egidio". "Dónde estará mi hijo, era una de sus constantes interrogantes, y murió preguntándoselo, sin saber nada" reflexiona Luis Acuña.
Agrega que actualmente permanecen atentos a las novedades que pudiesen surgir en cuanto a las diligencias investigativas que mantiene el ministro Carlos Aldana.

En fallo dividido (causa rol 12.226-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez– condenó a José Jermán Salazar Muñoz a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de los secuestros calificados de Ejidio Acuña Pacheco, Heriberto Rivera Barra y Juan Chamorro Arévalo; y a 61 días de presidio como cómplice en el delito de homicidio simple de Tito Villagrán Molina. Ilícitos perpetrado a partir del 16 de septiembre de 1973, en la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío.

Un ex carabinero que cumplía en libertad una pena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral de Los Ángeles a seis años de cárcel efectiva por abusar de su nieta.
Se trata de José Germán Salazar Muñoz, quien era suboficial de Carabineros en 1973. Como jefe de una patrulla policial, procedió el 16 de septiembre de ese año al arresto de cinco personas en Los Ángeles, las cuales desaparecieron.
Los restos de sólo uno de los detenidos, Tito Villagrán, aparecieron posteriormente.
Mientras el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, procesó a Salazar Muñoz por los casos de Egidio Acuña Pacheco, Heriberto Rivera Barra y Juan Chamorro; el juez de la Corte de de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, lo condenó a 3 años y un día de libertad vigilada por el secuestro de Juan Heredia.
La fiscal a cargo del caso por abuso sexual, María Gemita Rojas, señaló que los procesamientos por violación a los derechos humanos no influyeron en la pena dictada por la justicia.Para Silvia Chamorro, hermana de uno de los desaparecidos, es indignante que sólo ahora, tras ser declarado culpable del abuso sexual de una nieta, el ex uniformado de 75 años vaya a tener que cumplir una pena privativa de libertad.Chamorro agregó que es lamentable lo que ocurre en Chile en los casos de detenidos desaparecidos, a 40 años del golpe militar.La condena por abuso sexual aún puede ser apelada por José Germán Salazar ante la Corte penquista, a través de un
recurso de nulidad, puntualizó la Fiscalía de Los Ángeles.