Guillermo Ignacio Muñoz Huenchuñir murió ese día a las 5:00 horas, por un traumatismo torácico por bala, según señala el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

De acuerdo con declaraciones de testigos presenciales obtenidas del proceso judicial, alrededor de las 3:00 horas de ese día, en momentos en que Guillermo Muñoz junto a dos amigos caminaban de regreso de una fiesta por Callejón Ovalle, en la población José María Caro, se encontraron con una persona premunida de un arma de fuego que efectuó varios disparos en contra de ellos, hiriendo a Guillermo Muñoz y a otro de los jóvenes del grupo. El autor de los disparos resultó ser un carabinero que vestía de civil, quien después de los disparos lanzó su arma de servicio al antejardín de una casa y huyó del lugar.

En el proceso judicial seguido ante la Justicia Militar, el carabinero autor de los disparos aseveró que los jóvenes intentaron asaltarlo, lo que lo obligó a usar su arma de servicio en defensa propia. Esta versión posteriormente fue desvirtuada, entre otros medios, por un Informe de la Policía de Investigaciones que concluyó que el funcionario policial había hecho un uso irracional de su arma de fuego y que el hecho investigado era constitutivo del delito de homicidio. A pesar de ello, el uniformado no fue procesado por el Tribunal.

Citado a declarar en reiteradas oportunidades, el funcionario policial nunca compareció. Por tal razón, en agosto de 1992 la investigación judicial fue sobreseida temporalmente hasta que el inculpado rebelde fuera habido, situación que no había ocurrido hasta el momento en que el Consejo conoció el presente caso.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que la muerte de Guillermo Ignacio Muñoz Huenchuñir fue consecuencia del abuso de poder en que incurrió un agente del Estado, a quien se le procuró institucionalmente su impunidad. En consecuencia, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.