Cristián Víctor Cartagena Pérez de 30 años de edad al momento de los hechos, casado, padre de dos hijos, profesor y Director de la Escuela Básica de Chada, de militancia comunista, fue detenido el 18 de septiembre de 1973, en su domicilio en presencia de su esposa y sus 2 hijos pequeños, como consecuencia de un operativo conjunto de Carabineros, Militares y civiles. Fue trasladado en un vehículo particular hasta la Subcomisaría de Paine junto a otras 8 personas también detenidas en ese operativo desde sus respectivos domicilios. Todos ellos quedaron en libertad al día siguiente, cosa que no ocurrió con Cartagena Pérez. Carabineros le informó a su familia que éste había sido puesto en libertad junto a los otros detenidos.
Aproximadamente a las 6 de la mañana de ese día se sintieron fuertes golpes en la puerta de calle del domicilio de Cartagena Pérez, éste quedaba en el mismo edificio de la Escuela Básica. "Abran en nombre de la ley" fueron las primeras palabras que se escucharon. Inmediatamente, el profesor Cartagena bajó las escaleras y abrió la puerta ingresando un pelotón de policías que procedieron a allanar el domicilio, revisando cajones, levantando las tablas del piso y haciendo disparos al aire. Se le dijo al dueño de casa que se le acusaba de ser jefe de guerrilla y tener armamento oculto por lo que había orden de detenerlo. Sin embargo no se mostró la orden correspondiente a lo que hacían referencia. Holanda Vidal Caballero, esposa de Cartagena Pérez distinguió entre los aprehensores al Sargento José Osvaldo Retamal Burgos al Cabo 2° Rogelio Villarroel Venegas y el Sargento 2° Raúl Ortiz Maluenda. Ellos habían cumplido con anterioridad al 11?9?73 funciones en el retén de Chada, incluso habían sido apoderados en la Escuela N°38, donde ella se desempeñaba como profesora básica. Pese a que los civiles cubrían sus rostros con gorros pasamontañas, pudo reconocer por sus rasgos físicos a Darío González Carrasco, comerciante de Paine. En momentos que se daba término al operativo la Sra. Holanda Vidal vio cómo su esposo era golpeado y arrastrado hasta uno de los vehículos que estaba estacionado frente a la escuela. Reconoció un auto rojo de propiedad de Francisco Luzoro, Presidente en ese entonces del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santiago. A lo lejos divisó dos camiones con militares en su interior. Esa mañana se detuvo al Presidente del Asentamiento Chada, Heriberto de las Mercedes Toledo Cáceres, su hermano Ruperto, los hermanos Luis Hernán, Sósimo Ernesto, Rómulo del Carmen y Aladino del C. Calderón Gaete y a otros dos hermanos, Gabriel y Eugenio Toledo Cáceres, todos ellos eran destacados dirigentes del Asentamiento mencionado. Al quedar en libertad, estas personas dieron cuenta a la Sra. Vidal de haber permanecido el día 18 de septiembre junto a Cartagena Pérez en la Subcomisaría de Paine agregando que todos habían sido muy maltratados, se les había mantenido sólo con sus ropas interiores y se les había cortado el pelo a raz. Al concurrir su esposa al día siguiente hasta la Subcomisaría a fin de requerir información, fue atendida por el Capitán Nelson Bravo Espinoza quien le afirmó que Cartagena Pérez había sido puesto en libertad el mismo día 18 de septiembre. Esta información fue reiterada por el Capitán en noviembre de 1974 a la Policía de Investigaciones al ser consultado en la causa rol 23794 por Presunta Desgracia, en la oportunidad agregó que la libertad de Cartagena Pérez se había debido a no haberse encontrado cargos en su contra.
Cristián Víctor Cartagena Pérez es un detenido desaparecido. Su caso se enmarca en lo que fue la represión en Paine en 1973.

Las primeras consultas tendientes a conocer el paradero del detenido las hizo su esposa al concurrir personalmente a centros de detención de Paine, Buin, San Bernardo, Rancagua y Santiago. También sostuvo entrevistas con personeros de gobierno en diferentes Ministerios. Todos ellos con resultados negativos. Según ellos no había constancia de la detención de Cartagena Pérez.
El 11 de octubre de 1974 se interpone una Presunta Desgracia ante el Juzgado de Letras Maipo Buin (rol 23794). En ella se ofició recabando información acerca del detenido a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y al Instituto Médico Legal, ambos respondieron no tener antecedentes acerca del consultado. En el proceso declaró el Sargento 2° Raúl Ortiz Maluenda negando su participación en los hechos. Por su parte el 22?4?75 el Cabo 2° Rogelio Villarroel Venegas al concurrir a declarar reconoció haber participado en el arresto de Cartagena Pérez, haberlo ingresado a la Subcomisaría de Paine y haber actuado por orden de sus superiores. El Capitán Nelson Bravo Espinoza no fue citado a declarar pero en el proceso quedó establecido que éste reconoció la detención de Cartagena Pérez al ser consultado por la Prefectura de Investigaciones.
Sin haberse decretado nuevas diligencias, con fecha 29 de enero de 76 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa, indicando que era hasta que se presentaran mejores datos de investigación.
El 11 de mayo de 1981 Mercedes del C. Cartagena Pérez, interpuso una querella por el delito de secuestro agravado cometido en la persona de su hermano Cristián Víctor y en contra de los carabineros Raúl Ortiz y Julio Villarroel, además de los Militares y civiles enmascarados que también participaron en su secuestro. En ella se pidió el desarchivo y acumulación de la causa rol N° 23794. La querella fue acogida a tramitación por el Juzgado de Letras Maipo Buin asignándole el rol 26799 2. En ésta se despacharon oficios a gran cantidad de organismos que incluyeron el Ministerio del Interior, Oficinas del Registro Civil, Cementerio General de Santiago, Instituto Médico Legal, Ministerio de Defensa Nacional, Escuela de Infantería de San Bernardo. ninguna de estas reparticiones aportó datos acerca del paradero de Cartagena Pérez. Tanto los servicios de Investigaciones como Carabineros y Escuela de Infantería de San Bernardo informaron al Tribunal que la documentación relativa a registros de detenidos eran incinerados cada 5 años.
El juez sumariante envió Oficio a la Subcomisaría de Paine por medio del cual citó a declarar al Capitán Nelson Bravo Espinoza, al Sargento 2° Raúl Ortiz Maluenda, al Sargento 1° José Osvaldo Retamal Burgos y al cabo 2° Rogelio Villarroel Venegas. Al identificarlos en el oficio se incurrió en errores de sus nombres valiéndose de ello la Subcomisaría de Paine para responder que las mencionadas personas no habían trabajado en esa unidad ni eran conocidas.
Al ser nuevamente citados a declarar concurrieron solamente Retamal Burgos y Villarroel Venegas, ambos negaron su participación en aquel operativo del día 18 de septiembre de 1973 en Chada. De esta forma Villarroel Venegas entregaba una información radicalmente distinta a la consignada en abril de 1975 en proceso por Presunta Desgracia en la cual afirmó haber detenido a Cristián Víctor Cartagena Pérez. Por su parte al declarar el civil Juan Francisco Luzoro Montenegro negó su participación en los hechos, pero reconoció haber facilitado su auto Peugeot color rojo a Carabineros agregando que "varios otros lo hicieron".
Pese a no haberse dado cumplimiento a todas las diligencias solicitadas, faltando la comparecencia de Carabineros y civiles involucrados y no habiendo decretado nuevas diligencias en base a los antecedentes reunidos, el Tribunal resolvió sobreseer temporalmente la causa el 1°de marzo de 1982 "por no resultar completamente justificada en autos la perpetración del delito que dio origen a la formación de la causa". La causa fue de inmediato enviada a la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda para su aprobación, no habiéndose respetado el plazo legal a fin de que el querellante interpusiera su apelación. El expediente debió ser nuevamente remitido al Tribunal donde se apeló la resolución. El 12 de abril el Fiscal estuvo por sobreseer la resolución apelada siendo confirmada por la Corte de Apelaciones el 4 de junio de 1982.
Los antecedentes relativos a la detención y posterior desaparecimiento de Cristián Víctor Cartagena Pérez fueron puestos a disposición del Ministro Don Germán Hermosilla, quien instruye la causa 2?90?E por mandato de la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda ante denuncia de inhumaciones irregulares ocurridas en Paine prestada por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Al cierre de esta redacción (1992) la investigación no arrojaba nuevos antecedentes del caso.
De igual forma fueron entregados sus antecedentes antropométricos al Juez Sergio Contreras del 22° Juzgado del Crimen de Santiago, quien instruye la causa N° 4449?AF en denuncia por inhumaciones ilegales de detenidos desaparecidos ocurridos en 1973 en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El juez en el mes de septiembre de 1991 ordenó la exhumación de 108 tumbas. Al cierre de esta redacción las osamentas se encontraban en el Instituto Médico Legal y se trabajaba en su identificación.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos en contra de la sentencia que condenó a dos ex carabineros de la dotación de la Subcomisaría de Paine y a dos criminales civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del entonces director de la escuela rural de Chada Cristián Víctor Cartagena Pérez, cometido a partir del 18 de septiembre de 1973.
En fallo unánime (causa rol 106.507-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y los abogados (i) Carlos Urquieta y Eduardo Gandulfo- confirmó la sentencia que condenó en calidad de autores ejecutores del delito a los recurrentes, el carabinero a la época de los hechos Rogelio Lelan Villarroel Venegas y el civil Rubén Darío González Carrasco a 10 años y 8 años de presidio efectivo, respectivamente.
Además, en la causa, en el fallo de primera instancia se condenó también en calidad de autores ejecutores del delito al ex oficial de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, a la pena de 12 años de presidio efectivo, y al civil, dueño de fundo de la zona, Juan Francisco Luzoro Montenegro a 8 años de reclusión efectiva. Estos dos sujetos no recurrieron de casación, y se ratifica la sentencia de base.
A la época de los hechos, Nelson Bravo Espinoza ostentaba el grado de capitán y fungía como jefe de las Subcomisaría de Paine y, agregada, de la Subcomisaría de Buin.
Otros carabineros y civiles implicados en este crimen (y en otros cometidos en esa comuna) han fallecido en el curso del proceso. Por su parte, el ex coronel de Carabineros Nelson Bravo Espinoza se encuentra recluido en el penal Punta Peuco cumpliendo condenas por otros hechos criminales perpetrados en la época post golpe en la comuna de Paine, tales como los episodios de Campo Lindo, Canal Viluco, Panadería El Sol, La Estrella, Díaz Manríquez, Godoy Román, Martínez Vera, y Silva Carreño.
En la investigación judicial se pudo establecer que el profesor rural y militante del Partido Comunista Cristián Cartagena Pérez, de 30 años de edad, era director de la Escuela de Chada, ubicada en la comuna de Paine, lugar donde vivía junto a su cónyuge, también profesora, y a sus hijos pequeños. Durante la madrugada del 18 de septiembre de 1973, el profesor Cartagena Pérez fue detenido por funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el sargento José Osvaldo Retamal Burgos (ya fallecido) y el carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas, acompañados por los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.
Acto seguido, lo trasladaron hasta la Subcomisaría de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado, sometido a interrogatorios y torturas, y desde donde se le hizo desaparecer, desconociéndose hasta la fecha su paradero
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por Darío Núñez

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a dos ex funcionarios de Carabineros (un ex oficial y un ex carabinero) y a dos individuos civiles, por su responsabilidad en el secuestro calificado del profesor rural Cristián Víctor Cartagena Pérez, perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la localidad de Chada, comuna de Paine.
En fallo unánime (causa rol 1968-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Catalina González Torres, Dora Mondaca Rosales y abogado (i) Ignacio Castillo Val- ratificó la sentencia dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó al ex oficial de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, en calidad de autor del delito, a la pena de 12 años de presidio efectivo. Este sujeto, a la época de los hechos, ostentaba el grado de capitán y fungía como jefe de las Subcomisaría de Paine y de la Subcomisaría de Buin.
En tanto que el ex carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas fue condenado a la pena de 10 años de presidio efectivo, en calidad de autor ejecutor. Mientras que los individuos civiles de ultraderecha Juan Francisco Luzoro Montenegro y Rubén Darío González Carrasco fueron condenados a la pena de 8 años de presidio efectivo en calidad de autores ejecutores.
Otros carabineros e individuos civiles implicados en este crimen (y en otros cometidos en esa comuna) han fallecido en el curso del proceso. Por su parte, el condenado ex coronel de Carabineros Nelson Bravo Espinoza se encuentra recluido en el penal Punta Peuco cumpliendo condenas por otros hechos criminales perpetrados en la época posterior inmediata al golpe militar en la comuna de Paine, tales como los episodios de Campo Lindo, Canal Viluco, Panadería El Sol, La Estrella, Díaz Manríquez, Godoy Román, Martínez Vera, y Silva Carreño.
En la investigación judicial se pudo establecer que el profesor y militante del Partido Comunista Cristián Cartagena Pérez, de 30 años de edad, era Director de la Escuela de Chada, lugar donde vivía junto a su cónyuge, también profesora en esa escuela, y a sus hijos pequeños.
Durante la madrugada del 18 de septiembre de 1973, el profesor Cartagena Pérez fue detenido en su lugar de vivienda por funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el sargento José Osvaldo Retamal Burgos (ya fallecido) y el carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas, acompañados por los civiles derechistas Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.
Acto seguido, lo trasladaron hasta la Subcomisaría de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado, sometido interrogatorios y torturas, y desde donde se le hizo desaparecer, desconociéndose hasta la fecha su paradero
por Darío Núñez

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó, en costas, a dos funcionarios de Carabineros en retiro y a dos civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del profesor de la escuela de la localidad de Chada Cristián Víctor Cartagena Pérez. Ilícito perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó, en costas, a dos funcionarios de Carabineros en retiro y a dos civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del profesor de la escuela de la localidad de Chada Cristián Víctor Cartagena Pérez. Ilícito perpetrado a partir del 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
En el fallo (causa rol 4-2002), la ministra en visita condenó a Nelson Iván Bravo Espinoza, capitán de Carabineros a la época de los hechos, a la pena efectiva de 12 años de presidio en calidad de autor del delito; en tanto, el otrora carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas deberá cumplir 10 años de presidio, en calidad de autor ejecutor del delito.
En el caso de los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, el tribunal les impuso las penas efectivas de 8 años de presidio, en calidad de autores ejecutores del crimen.
En el ámbito civil, el fallo acogió la demanda interpuesta, condenado al fisco a pagar una indemnización total de $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a la cónyuge e hijos de la víctima.
En el fallo, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecido los siguientes hechos:
“
1°
Que, en la época de los hechos, Cristián Víctor Cartagena Pérez, profesor y militante del Partido Comunista, vivía junto a su cónyuge Holanda Haydée Vidal Caballero –también profesora– y a sus hijos pequeños en la Escuela de Chada, lugar en que ocupaba el cargo de Director.
2°
Que el 18 de septiembre de 1973, en la madrugada, Cristián Cartagena Pérez  fue detenido, sin derecho, en la Escuela de Chada, en presencia de su familia, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el Sargento José Osvaldo Retamal Burgos y el Carabinero Rogelio Lelan Villaroel Venegas, acompañados por los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.
3°
Que, acto seguido,  fue trasladado a la Subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado y fue sometido a malos tratos, desconociéndose hasta la fecha su paradero.
4°
Que la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza”.

Penas entre los 12 y 8 años de presidio recayeron para dos ex funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Paine, un empresario y un comerciante, como autores del secuestro calificado de Cristian Cratagena Pérez en 1973.
La ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
condenó a dos carabineros y dos civiles por el secuestro calificado del profesor y militante comunista Cristian Víctor Cartagena Pérez, cometido a contar del día 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
La magistrada condenó a los carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza y Rogelio Villarroel Venegas, jefe y carabinero de dotación de la Subcomisaría de Paine, respectivamente,
a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio y a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo,
ambos como autores del delito de secuestro calificado de Cartagena Pérez, quien se desempeñaba como director de la Escuela Básica de Chada al momento de los hechos.
Asimismo, se condenó a los civiles Rubén González Carrasco, comerciante, y a Francisco Luzoro Montenegro, empresario,
a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo también como autores ejecutores del mismo delito.
Esta es la segunda vez que un tribunal condena a civiles por crímenes de lesa humanidad. Luzoro Montenegro fue condenado previamente en el episodio Collipeumo, también del caso Paine y por el cual se encuentra cumpliendo una pena de 20 años en Punta Peuco. Fue el primer civil sancionado en Chile, luego vinieron otros que murieron en el camino de la investigación y ahora, con esta sentencia, se suma González Carrasco.
De acuerdo a la investigación, ambos civiles participaron activamente junto a funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine en la represión contra pobladores de la zona,
operativos que no solo dejó víctimas en la localidad de Chada, sino que también se extendió a las pequeñas localidades de la comuna como Hospital, Huelquén, Culitrín, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo.
Paine es la zona del país que sufrió la peor cara de la dictadura con la mayor cantidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, la mayoría de ellos campesinos de la zona y dirigentes de asentamientos de la reforma agraria.
Para el abogado querellante Nelson Caucoto “
con este fallo comienza a cerrarse exitosamente este conjunto de procesos que comprende el Episodio Paine.
Lo importante es que en esta oportunidad se comprobó la participación de un segundo civil en estos hechos criminales. Se trata de Rubén González Carrasco, un empresario, quien junto a Lozuro formaron un numeroso grupo de civiles y carabineros en una caravana de la muerte, que partió la madrugada de ese día con los crímenes de Collipeumo, donde mataron a 4 campesinos y sobrevivió un quinto trabajador. Siguieron la operación a la localidad de Chada para secuestrar al profesor Cristian Cartagena, a quien hicieron desaparecer hasta la fecha”.
El abogado destacó, además, la tarea realizada por la ministra Marianela Cifuentes, “ha sido extraordinaria y así lo entienden también los familiares de las 70 víctimas que han soportado su propio holocausto interior”, expresó.
Cristian Víctor Cartagena Pérez, de 30 años, fue detenido el 18 de septiembre de 1973 en presencia de su esposa y dos hijos pequeños, en la Escuela de Chada, lugar donde vivía junto a su familia.
Su detención se produjo junto a otras personas, con quienes fueron llevadas a la Comisaría de Paine. Estas últimas fueron dejadas en libertad al día siguiente, mientras que Cartagena figura hasta la fecha como detenido desaparecido.

136 docentes fueron asesinados por el Terrorismo de Estado iniciado el 11 de Septiembre de 1973. Miles más fueron exonerados, exiliados, perseguidos y torturados. La organización gremial y sindical de los trabajadores de la educación fue suprimida a nivel nacional, se cerraron para siempre las Escuelas Normales que habían formado a maestras y maestros por más de un siglo y unos años después se originó la Deuda Histórica que perjudica hasta hoy a miles de educadores, como un legado permanente de la Dictadura. Así de fuerte fue el impacto del Golpe de Estado en el profesorado.
Por ello, en una nueva conmemoración de esa fatídica fecha, el Colegio de Profesoras y Profesores homenajea a los mártires de la lucha docente y reivindica su legado, recordando también que esta misma organización fue creada por la Dictadura en 1974 pero, unos años después, fue tomada por el profesorado, que la democratizó y convirtió en una herramienta útil para la lucha por la Educación. La misma entidad que el régimen creó para borrar la historia de unidad y acción de las y los trabajadores educativos es hoy una instancia de articulación para construir una nueva enseñanza sin olvidar el legado de quienes nos antecedieron. Es que la memoria está cargada de futuro.

La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en contra de 3 Carabineros en retiro y 2 civiles por su responsabilidad en el secuestro calificado de Cristian Víctor Cartagena Pérez, cometido a partir del 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:
a) Que, el día 18 de septiembre de 1973, en la madrugada, una caravana compuesta por funcionarios de Carabineros de la Subcomisaria de Paine, entre ellos, Rogelio Lelan Villarroel Venegas y los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, concurrió hasta el domicilio del profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, ubicado al interior de la Escuela N° 38 de Chada, comuna de Paine.
b) Que, tras allanar dicho lugar, la comitiva detuvo, sin derecho, a Cristian Víctor Cartagena Pérez y, acto seguido, lo trasladó hasta la Subcomisaria de Paine, unidad policial que, a la fecha, se encontraba a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, siendo recibido en la guardia por el funcionario José Osvaldo Retamal Burgos, lugar en el que se le mantuvo encerrado de manera ilegal, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como "cómplices pasivos" y "no pasivos" de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.
Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.
A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.
Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.
Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.
Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.
Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]
Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.
El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.
Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]
Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]
Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.
Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]
Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].
Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]
La traición y los recuerdos de Sylvia
Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.
A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.
En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]
Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]
Camiones
Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.
Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]
Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]
En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]
La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.
Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista
Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.
“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]
La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]
Las redes políticas
Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.
Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]
José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.
Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.
José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.
Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.
El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el
páter familias
, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.
Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.
Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.
(Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos)

Yo soy Paulina Cartagena Vidal, profesora de historia y geografía, de la comuna de Buin, mamá de dos hijos, Tamara y Mario. Soy hija de Holanda Vidal Caballero y de Cristián Car - tagena Pérez. Mi padre, profesor también -profesor primario como le llamaban en aque - llos tiempos- Cristián Cartagena, a los 33 años fue detenido y hecho desaparecer por carabi - neros, civiles y militares. El día 18 de septiembre del año 1973, a las seis de la mañana llegaron a detenerlo en la Es - cuela de Chada, una escuela pública ubicada en Chada -una localidad pequeña, campesi - na- donde mi padre era el director, además de ser profesor junto con mi madre que también trabajaba de profesora. Eran escuelas muy pequeñas, que tenían pocos profesores, por lo tanto tenían responsabilidades compartidas. Para el momento de su detención yo tenía tres años, y mi hermano tenía dos. Mi herma - no se llama Cristián igual que mi papá. Él es el Cristián Ernesto y mi papá era Cristián Víctor. Mi hermano se llama Ernesto porque mi papá admiraba al Che Guevara, a Ernesto Guevara, entonces por él lleva el nombre. Mi papá era oriundo de la población Dávila, en la antigua comuna de San Miguel -que hoy es PAC, la comuna de Pedro Aguirre Cerda- que es una población bien especial porque, ade - más tiene muchos compañeros desaparecidos por tener roles políticos muy activos. Mi papá vivía ahí junto a sus cinco hermanos -él era el menor de los cinco- con mi abuela y mi abue - lo, que también se llamaba Cristián. Mi abuelo tenía vínculo con el Partido Comunista y de ahí vienen las inclinaciones de mi papá. Tam - bién era obrero, entonces mi padre decide ser como su papá, es decir, quería ser obrero, pero no lo dejaron. De los cinco hijos fue el único obligado a estudiar después del colegio, y así fue como entró en la Escuela Normal Abelar - do Núñez, en Santiago. Mi papá era el regalón, era el hijo que tenía que estudiar, y las escuelas normales en aquella época eran una buena alternativa para los jóvenes con talento que quisieran seguir la pedagogía, y mi padre entra en esta condición de obligado a pedagogía. Ingresó en una época en la que eran solo hombres en la Abelardo Núñez. Egresó de la pedagogía, se hace profesor primario, y como en aquellos tiempos los profesores eran designados a sus lugares de trabajo por el Estado, dependiente del Ministerio de Educación, mi papá fue nombrado en Paine. En su primer trabajo, mi papá fue nombrado en la escuela Ex F 17, hoy día llamada Humberto Moreno Ramírez, en la localidad de Santa Victoria, Viluco. Llegó a una escuela de muy pocos profesores, pocos estudiantes y características muy agrarias. Hoy me toca hacer clases en la misma escuela donde comenzó mi papá. Hoy día soy profesora de los hijos de sus alumnos.Mi papá venía con ideas socialistas, de una vida mejor, más igualitaria, pero no se vinculaba políticamente hasta que llegó a vivir a Paine, a los 30 años, donde rápidamente tomó vínculos con el gobernador, el compañero ya fallecido, don Lautaro Narváez. Mi padre inmediatamente ingresó al Partido Comunista en Paine y asume un rol bastante comprometido, se ligó fuertemente al trabajo que hacía la JAP2 ,(  La Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) fue creada durante el gobierno de Salvador Allende con el fin que las organizaciones de poder local administraran la provisión de alimentos y suministros. Para ingresar a las JAP las personas debían inscribirse.)    por ejemplo, y presidió en su minuto el rol de esta junta de abastecimiento en un sector determinado de Paine, vinculado a otros compañeros. En esta condición de comunista es que asume, también, su rol de profesor. Es nombrado director, precisamente por ese gobernador, que lo vio muy joven. Así es que comenzó a desarrollar su vida familiar, a la par de su vida militante y profesional.En sus viajes a Paine conoció a mi mamá Cuando mi papá fue nombrado en esta escuela siguió viajando desde Santiago para Paine y en uno de esos traslados -que eran larguísimos, porque la locomoción no era tan expedita- por la carretera panamericana sur, conoció a mi mamá. Mi mamá, también nombrada profesora normalista, vivía en El Llano y por tanto se subía al bus en San Miguel –mi papá también era de esa comuna- para viajar a la Ex 17 superior de hombres en Paine, que hoy día es la Escuela Alemania. Mi mamá era menor por tres años que mi papá. Mi mamá me ha relatado que rápidamente comenzaron a pololear, tuvieron un corto pololeo de seis meses, se casaron y deciden venirse a Paine porque lo dos tenían este nombramiento de trabajo en la comuna. Se fueron a vivir a la población que hoy día se llama Gabriela Mistral. Mis papás arrendaban una casa en la que vivimos dos años, hasta que vino este nombramiento, a través del gobernador, para que mi papá en función directiva se fuera a hacer una dirección en la escuela de Chada, así que para allá nos fuimos. También, me ha contado que se fueron a vivir con harto ímpetu de la juventud y con mucho compromiso social y político. Yo creo que eso lo motivó harto a mi papá para venirse a vivir a Paine. En el caso de mi mamá, tal vez por el machismo de la época, ella hacía menos militancia que mi papá, y eso les pasó a muchas mujeres. A partir de la relación con mi papá, ella comenzó a militar también en el Partido Comunista. Mi mamá viene de una familia más conservadora y con mejor situación económica que la de mi papá, pues él venía de una vida más dura que lo hizo vincularse mucho más fuerte y rápido a las ideas progresistas. Entonces, mi mamá se vinculó políticamente a través de mi papá, siendo él un militante más activo. Nosotros estábamos chicos. Asumieron contentos en esta escuela, estaban realizados y en algo que les gustaba. Asistían a muchas actividades de la zona, donde la escuela era el centro. En la escuela de Chada eran tres personas: mi papá, mi mamá y otra profesora más, eran poquitos niños y había harto vínculo con las familias. Mi papá, como director desarrolló toda una conexión con sus apoderados y también con los campesinos del lugar. Se fue comprometiendo cada vez más, y esto le significó, al momento del golpe de Estado, sentir mucha frustración.Dice mi mami que todos escucharon las últimas palabras del presidente Salvador Allende y sintieron mucha impotencia de estar tan lejos, de no tener otras capacidades. Ella me ha contado que lloró mucho ese 11 de septiembre, y que decidieron con un grupo de apoderados -y por eso viene la acusación más directa- ir a tomarse el asentamiento Cachantún, que hoy día es una distribuidora de leche. Llevaron sus manos, algunas palas, algunas herramientas de la época, y partieron a defender ese espacio que les había costado tanto mantener en términos colectivos. Él no era de ahí pero se sentía parte con sus apoderados. Se fueron caminando a Huelquén, a tomarse el fundo para defender este proceso que venía en camino y que se venía abajo. No sé exactamente cuánto tiempo estuvieron ni cómo les fue, pero sin duda que salieron de ese lugar. Luego de todo esto, la vida ya no fue la misma, la escuela estaba cerrada como todos los sitios públicos, y mis papás estaban muy atentos a lo que estaba pasando a través de la radio.Un carabinero dio el aviso que a mi papá lo iban a ir a buscar Después del golpe, mi papá decide visitar a mi abuela Etelvina, que seguía viviendo en San Miguel, vivía con su hermana y con la hermana mayor de mi papá, con la tía Mercedes. Mi papá estaba muy preocupado por ellas, y estando allá mi tía le pide a él que se cuide. La tía Mercedes tenía una especial capacidad, le gustaba la astrología y leía las cartas. Tiempo después, ella relata que en esa visita le dijo a mi padre que tuviera cuidado, que vio en sus sueños que lo iban a atacar, que por favor se cuidara y que se quedara en la casa de la mamá, que ahí lo iban a proteger, que no se moviera, que después enviara a buscarnos, pero que no se moviera.Mi padre, que no tenía creencias en este tipo de cosas, se ríe y se burla de su hermana, le dice “No, nada va a pasar, no estoy involucrado en ningún hecho”, y que necesita llegar a la casa como sea, porque estaba mi mamá y los dos hijos pequeños que éramos nosotros. Así que se fue de todas maneras y esos viajes eran temprano porque la locomoción estaba muy restringida. Eso fue el 17 de septiembre de 1973, año en que no hubo celebraciones de fiestas patrias. Hubo un aviso de parte de un carabinero que había sido apoderado y que estaba vinculado a la escuela por razones de inasistencia de los niños y de seguridad en las escuelas. Ese mismo día le comunica a mi papá que lo van a ir a buscar, que se vaya, que se esconda. Mi papá nuevamente repite que no, que él no ha hecho nada, que no tiene por qué esconderse. En la madrugada del 18 de septiembre, a las seis de la mañana, mientras estábamos todos durmiendo, aparece en la escuela un grupo exagerado de militares, civiles y carabineros de Paine. En esa época se estilaba mucho que las escuelas tuvieran un espacio para que los profesores habitaran, y la escuela de Chada era una tremenda casona antigua que se habilitó como escuela. En el segundo piso estaba acomodada la casa en la que vivíamos. Estábamos durmiendo cuando llegaron a detener a mi papá, acusándolo de un montón de cosas, de las que no pudieron comprobar ninguna, por cierto. Lo acusaban de ser jefe de guerrilla y buscaban las armas. Mi padre ya muy joven era militante del Partido Comunista, por lo que tenía un rol social muy activo, político y partidario en la zona, pero nunca fue jefe de guerrilla. Por lo tanto, las acusaciones tenían que ver más bien con ese liderazgo que él hacía en la localidad donde vivían, como profesor de niños muy humildes, muy pobres, campesinos la mayoría. Hay un relato que cuenta mi mamá, que dice que los niños llegaban con ojotas a la escuela e iban muy contentos por la oportunidad de estudiar, aunque debían caminar desde lejos para llegar a la escuela, y allí mi papá los recibía con mucho cariño, a pesar de que al parecer no quiso siempre ser profesor, él quería ser obrero como el abuelo. Mi papá es detenido junto a otro compañero, un campesino que vivía muy cerca de la escuela, pero alcanza a escapar en una confusión que hay al momento de la detención. En su relato él ve cómo mi papá es detenido y golpeado desde el momento que lo sacan de la escuela, cómo lo lanzan a la camioneta donde se lo llevaron. Se zafa de la detención, se arranca, se esconde para que no se lo lleven preso y se llevan a mi papá.....(extracto)      https://germina.cl/ Testimonio-Paulina-Cartagena-Vidal.

NACIONAL.- La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en el caso Paine, Episodio Escuela de Chada, que  investiga el crimen de  Cristian Víctor Cartagena Pérez, profesor y director de la Escuela Nº 38 de Chada, localidad de Paine, hecho ocurrido a partir del 18 de septiembre de 1973, y quien a la fecha figura como detenido desaparecido.
La Sala, integrada por los ministros  Manuel Antonio Valderrama,  Leopoldo Llanos,  la ministra María Teresa Letelier y los abogados Integrantes Carlos Urquieta Eduardo Gandulfo, rechazaron los recursos de casación interpuestos por dos de los cuatro acusados y condenaron a Nelson Iván Bravo Espinoza, ex capitán de la Subcomisaría de Paine, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; al carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo; mientras que los civiles Rubén Darío González Carrasco, comerciante, y a Juan Francisco Luzoro Montenegro, transportista y también condenado en caso “Collipeumo”,  a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, todos como autores del secuestro calificado de Cristian Víctor Cartagena Pérez
El abogado querellante Nelson Caucoto Pereira dijo recibir con “inmensa satisfacción este fallo de la sala penal de la Corte Suprema, que viene a ratificar lo obrado por la ministra Sra. Marianela Cifuentes de la Corte de San Miguel.  Se rechazan los recursos de los condenados y se acoge nuestra casación en el ámbito civil”, señaló.
Caucoto, además resaltó que
“se condena a dos civiles de la localidad de Paine, que fueron grandes actores de la represión desatada en Paine en contra de sus propios vecinos. Civiles y Carabineros de Paine conformaron nutridas caravanas de empresarios, transportistas, comerciantes que sembraron el terror en la localidad.
El fallo es un bálsamo para tantos años de espera de los familiares de Cristian Cartagena «, sostuvo.
De acuerdo al Informe Retting, Paine fue una de las localidades más afectadas por la represión de agentes de la dictadura militar, se estima una cifra cercana a los setenta detenidos desaparecidos y ejecutados políticos solo de dicha zona. Y contó con la mayor participación de civiles en los crímenes contra campesinos y otros habitantes simpatizantes de la Unidad Popular.
LOS HECHOSLos hechos establecidos en la causa fueron los siguientes:
1° Que, en la época de los hechos, Cristian Víctor Cartagena Pérez, profesor y militante del Partido Comunista, vivía junto a su cónyuge Holanda Haydée Vidal Caballero -también profesora- y a sus hijos pequeños en la Escuela de Chada, lugar en que ocupaba el cargo de Director.
2° Que el 18 de septiembre de 1973, en la madrugada, Cristian Cartagena Pérez fue detenido, sin derecho, en la Escuela de Chada, en presencia de su familia, por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos, el Sargento José Osvaldo Retamal Burgos y el Carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas, acompañados por los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros.
3° Que, acto seguido, Cristian Cartagena Pérez fue trasladado a la Subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en que se le mantuvo ilegalmente encerrado y fue sometido a malos tratos, desconociéndose hasta la fecha su paradero.
4° Que la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.