Una tarde, a fines de octubre de 1973, el general de brigada Washington Carrasco Fernández visitó las salas de tortura del regimiento Tucapel, en Temuco. Yo era uno de los cinco hombres que colgábamos atados por las muñecas, como reses, a los que el general inspeccionó con ojo crítico. Vestía uniforme de campaña y una pistola de reglamento colgaba de su cintura. De pronto, avanzó hacia nosotros y a cada uno propinó un leve empujón que nos hizo oscilar como péndulos. Enseguida consultó si necesitábamos algo. Uno de los colgados —juro que fue un regidor por Carahue que coincidencialmente también se apellidaba Sepúlveda— le respondió: ¿podría acercarnos el suelo a los pies?
Cuando, en 1982, el general Washington Carrasco Fernández fue nombrado ministro de Defensa de la dictadura, reconoció que, tal vez, posiblemente, aunque no se ha probado, durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado se podrían haber cometido algunos excesos.
O sea, que esos cinco colgados, de los que sobrevivimos tres, no fuimos jamás víctimas de torturas detalladamente planificadas y conocidas al dedillo por cada uno de los mandos militares, sino protagonistas perdedores de algún exceso de celo militar, aunque no probado.