El 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida murieron tres personas.

Manuel Jesús MORENO QUEZADA, 51 años, comerciante, en horas de la noche, se encontraba trabajando en una botillería cuando fue alcanzado por un balazo que le atravesó la cabeza.

De acuerdo a testimonios recibidos en la Comisión, el disparo fatal fue realizado por un efectivo uniformado que conducía una ambulancia. Uno de los testigos afirma que la ambulancia pasó despacio frente al local y un uniformado disparó desde ella. En oficio dirigido por el Director del Hospital Militar al Fiscal Militar se informó que se había presentado ante la guardia del Hospital Militar un agente del Estado que se desempeñaba ahí como conductor, para ponerse a disposición de las autoridades por su eventual participación en la muerte del afectado. Otros testimonios recibidos dan cuenta de que en los alrededores hubo actos de violencia y se atacó a la ambulancia, que había ido a recoger un enfermo. Sin embargo, a juicio de esta Comisión, el disparo efectuado por el conductor de la ambulancia hacia un local del sector, no procediendo de allí los ataques al vehículo, constituyó un uso excesivo de la fuerza, no obstante las circunstancias de violencia del momento. Por ende, a esta Comisión le asiste la convicción que Manuel Jesús Moreno fue víctima de una violación de su derecho a la vida, de responsabilidad de un agente del Estado que hizo un uso excesivo de la fuerza.

Ana María URREA CASAS-CORDERO, de 32 años de edad, pasaba en un automóvil particular por la intersección de Avenida Ochagavía con Lo Ovalle (Santiago) cuando fue alcanzada por una piedra en la cabeza. Falleció pocos días después a causa de un traumatismo cráneo encefálico. Según versiones verosímiles, personas no identificadas lanzaban piedras a los vehículos que transitaban por el lugar. Una de estas piedras la impactó.

La Comisión, considerando que tal tipo de acciones se produjo en el contexto de actos callejeros antigubernamentales, y teniendo en cuenta los antecedentes generales sobre otras expresiones de violencia en manifestaciones, presume que los autores violaron el derecho a la vida de Ana María Urrea por motivaciones políticas.

Aída Rosa VILCHES URREA, de 38 años de edad, dueña de casa, en la noche del 9 de agosto se encontraba en el interior de su domicilio en Villa Brasil (Santiago) cuando fue alcanzada por un balazo que le atravesó la cabeza.

El cónyuge declaró que ese día se encontraban ellos dos solos en su casa, mientras en Avenida Santa Rosa se desarrollaban manifestaciones con quema de neumáticos. Sintieron una balacera. Ella se acercó a una ventana y recibió el impacto fatal. El declarante vio a carabineros realizar disparos aislados, que cesaron cuando avisó que su señora estaba herida. Otros testimonios conocidos por la Comisión dan cuenta de que también hubo disparos realizados por particulares contra los uniformados.

Los antecedentes disponibles no permiten determinar con cierta seguridad si el autor fue un particular o un agente del Estado. Con todo, los hechos expuestos llevan a la Comisión a formarse la convicción que Aída Rosa Vilches cayó víctima de una situación de violencia política.